En Sesión Ordinaria, fue aprobado por unanimidad el Punto de Acuerdo propuesto por el diputado Rubén Guajardo Barrera, por el que la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí, hace un atento exhorto a la Licenciada Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, para que tenga a bien ordenar las acciones necesarias para que se cubra el socorro de ley al Estado de San Luis Potosí, de conformidad con las reglas que para ese rubro existen.
En la exposición de motivos, se señala que el denominado “Socorro de Ley”, es la aportación que da el gobierno federal a las entidades federativas, para la alimentación y manutención de internos procesados y sentenciados de fuero federal en las entidades federativas. De hecho, es definido dentro del Manual de Organización General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, como el pago mensual, como cuota alimentaria de los internos federales que están custodiados en centros estatales.
El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, por conducto de la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social, debe coordinar la actualización de la información proporcionada por los estados, para el pago de la cuota alimentaria por socorro de ley.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el año 2024, se presupuestó un gasto neto total en materia de Seguridad y Protección Ciudadana de $105´838,757,408 (ciento cinco mil ochocientos treinta y ocho millones setecientos cincuenta y siete mil cuatrocientos ocho pesos), en ellos debe satisfacerse la operación del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, a fin de que, entre otros rubros, lleven a cabo las aportaciones que por concepto de “socorro de ley” corresponden a los Estados.
Indica que corresponde a la Dirección General de Ejecución de Sanciones, la actualización de la cuota alimentaria por socorro de ley, considerando las bajas por beneficio de libertad anticipada y compurgamientos conforme a la información proporcionada por las autoridades penitenciarias de las entidades federativas.
Agrega que en reunión con las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Dirección de Prevención y Reinserción Social, se informó que desde hace cuatro años no se recibe el Socorro de Ley, representando un adeudo millonario.
Es por ello que, resulta pertinente elevar exhorto a la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno Federal, a fin de que tome acciones tendientes a saldar el pago del socorro de ley que se debe al Estado de San Luis Potosí.