La capital potosina enfrenta una de las problemáticas más graves y persistentes en materia de violencia infantil: el abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes. Datos obtenidos a través de una solicitud de información revelan que, entre 2019 y lo que va de 2025, se han registrado al menos 453 casos de agresiones sexuales contra menores en el municipio de San Luis Potosí, una cifra que exhibe no solo el aumento sostenido de esta violencia, sino también la ineficacia institucional para castigarla.
Las cifras anuales evidencian una escalada alarmante. En 2019, se reportaron 52 casos; en 2020, la cifra aumentó a 59; en 2021, se documentaron 66 casos; en 2022, 74 menores fueron víctimas; para 2023, el número se elevó a 84. El año 2024 rompió todos los registros anteriores, alcanzando 105 denuncias por abuso sexual infantil, y en los primeros meses de 2025 ya se cuentan 13 casos más.
Aunque las estadísticas oficiales hablan por sí solas, el drama se agrava al revisar el seguimiento judicial que estos delitos han tenido. De las 453 denuncias registradas en seis años, solo dos casos han sido judicializados, y solo uno ha obtenido sentencia condenatoria. Este dato revela una brecha dolorosa entre la denuncia y el acceso efectivo a la justicia para las víctimas más vulnerables.
La violencia no distingue género ni edad. La mayoría de las víctimas han sido niñas, aunque también hay casos significativos de varones. Las agresiones incluyen desde tocamientos hasta violación, muchas veces cometidas por personas cercanas al entorno familiar o social de las víctimas, lo que complica aún más la denuncia y el proceso judicial.
Expertos en derechos de la infancia coinciden en que estas cifras no solo reflejan la magnitud del problema, sino la existencia de un sistema que falla sistemáticamente en prevenir, atender y sancionar los delitos sexuales contra menores. “Lo más grave no es solo el número de casos, sino la impunidad generalizada. Esto lanza un mensaje devastador a las víctimas: que su dolor no importa”, comentó una especialista en atención a víctimas, que solicitó el anonimato por razones de seguridad.
A pesar del incremento sostenido en las denuncias y la visibilidad pública de estos delitos, las autoridades municipales y estatales aún no han articulado una política integral que aborde el problema con la urgencia y profundidad que amerita. En el discurso, existe voluntad. En los hechos, las cifras muestran inacción.
El informe, entregado por la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes de la Fiscalía General del Estado, se convierte en un llamado urgente a las instituciones.