El documento Agenda Hídrica de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí de la UASLP identifica que, además de la sobreexplotación de fuentes y el desgaste de la infraestructura hidráulica, el tráfico ilegal de agua es una de las problemáticas más graves que agravan la crisis hídrica en la región. Este fenómeno se presenta en distintas zonas del área metropolitana, con dinámicas específicas según el contexto urbano, industrial o rural.
Zona Industrial de San Luis Potosí
En este sector se ha documentado la extracción clandestina de agua desde pozos profundos no registrados, utilizados por empresas con alto consumo hídrico. El informe advierte que muchas de estas compañías operan sin supervisión efectiva y aprovechando vacíos en la regulación de concesiones, lo que les permite sustraer grandes volúmenes de agua sin pagar lo correspondiente ni respetar límites de explotación.
Periferia urbana y municipios conurbados
En zonas como Soledad de Graciano Sánchez, Villa de Pozos, Mexquitic de Carmona y Cerro de San Pedro, el estudio revela la existencia de un mercado informal de agua. Este opera principalmente mediante pipas que extraen agua de fuentes no reguladas y la venden en colonias sin acceso constante al suministro. Además, se detectan conexiones ilegales a la red de distribución, lo que provoca caídas de presión y fallas en el abasto domiciliario, especialmente en sectores marginados.
Áreas rurales y agrícolas
En municipios como Villa de Reyes, Zaragoza y Villa de Arriaga, se reporta la extracción excesiva de agua en norias y pozos comunitarios, muchos de ellos sin control ni vigilancia por parte de las autoridades. El agua concesionada para uso agrícola también es desviada en algunos casos hacia actividades no autorizadas, como el llenado de pipas o su venta directa, lo que reduce la disponibilidad del recurso para los usos originalmente establecidos.
Centro urbano de San Luis Potosí
En sectores del centro de la capital potosina se ha identificado la manipulación de medidores, tomas irregulares y conexiones clandestinas en domicilios, negocios y predios privados. Esto permite a ciertos usuarios evitar el pago completo del servicio o incluso acceder al agua sin contrato formal, generando pérdidas económicas para el organismo operador e incentivando el uso desmedido del recurso.
El tráfico ilegal de agua, señala el documento, está vinculado directamente con la falta de vigilancia institucional, la ausencia de sanciones efectivas y la corrupción en la asignación de concesiones.