La incapacidad y omisión de las autoridades encargadas de procurar justicia en San Luis Potosí está contribuyendo directamente a que la mayoría de los casos de desaparición o no localización no se denuncien. De acuerdo con Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo “Voz y Dignidad por los Nuestros”, apenas una de cada tres familias se atreve a levantar una denuncia formal, mientras que el resto permanece en el silencio, impulsadas por el miedo, las amenazas y la desconfianza en las instituciones.
“Estamos hablando de un subregistro brutal. Por cada familia que sí denuncia, hay al menos dos o tres más que no lo hacen. Y no es porque no quieran, es porque no se sienten seguras para hacerlo. Tienen miedo a represalias, han sido desplazadas, e incluso han salido del país”, denunció Pérez Rodríguez.
Según los testimonios recabados por la organización, las familias han señalado de manera reiterada prácticas intimidatorias, negligencia y hasta omisión de deberes por parte de personal de la Fiscalía General del Estado, en especial en las agencias del Ministerio Público. Esto ha creado un entorno hostil que disuade la denuncia.
“Hay ministerios públicos que entorpecen las investigaciones, revictimizan o simplemente desestiman el dolor de las familias. Las personas terminan sintiendo que denunciar no sólo es inútil, sino peligroso”, subrayó la activista.
La situación se repite en distintas regiones del estado: Villa de Reyes, Villa de Arista, Tamazunchale, Ciudad del Maíz. En todas, los colectivos reportan casos donde las familias piden ayuda para buscar a sus desaparecidos, pero piden expresamente que no se les vincule con una denuncia oficial.
Además de la actuación deficiente de la Fiscalía, la presidenta de “Voz y Dignidad” criticó la pasividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la que acusa de mantener en rezago informes clave sobre desapariciones y de no brindar acompañamiento efectivo a las víctimas.
“Lo que necesitamos con urgencia es una visitaduría especializada en desapariciones, con personal y recursos propios, como existe para otros temas. Ya lo hemos propuesto, pero no hay voluntad. Esta administración ha dejado de lado el acompañamiento real: no hay gasolina, no hay vehículos, no hay personal suficiente. Y eso lo tienen que resolver ya”, insistió.
Pérez Rodríguez recordó que la falta de acompañamiento institucional —tanto psicológico como legal y logístico— ha dejado a las familias en el abandono. En muchos casos, los colectivos tienen que asumir tareas de búsqueda y protección sin el respaldo mínimo del Estado.
“Nosotras ponemos el vehículo, el acompañamiento, la seguridad. Antes al menos teníamos un poco de respaldo. Hoy, ni eso. Y eso desalienta a quien piensa en denunciar. ¿Cómo pedirle a una madre que exponga su vida si ni siquiera puede confiar en que la autoridad la va a proteger?”, cuestionó.
La activista también advirtió que si las autoridades no actúan de forma inmediata, el subregistro de desaparecidos en San Luis Potosí seguirá creciendo y las cifras oficiales seguirán reflejando sólo una parte de la tragedia.
“Lo que no se denuncia no existe para el gobierno, y eso es lo más grave. Porque el problema es mucho más grande de lo que muestran las cifras. Y mientras sigamos con instituciones que no funcionan, que no garantizan seguridad ni justicia, seguiremos perdiendo vidas… y también perdiendo la esperanza”, concluyó.