El colectivo “Voces y Raíces de Mujeres Indígenas de San Luis Potosí”, integrado por mujeres de los pueblos mazahua, otomí, mixteco, náhuatl, tepehua, triqui y xi’iuy, alzó la voz este martes para denunciar actos de violencia e imposición en el marco del proceso de consulta indígena, ordenado por el Tribunal Electoral del Estado.
A través de un pronunciamiento público, exigieron respeto a sus derechos colectivos e individuales, así como al principio de libre determinación.
En su comunicado, el colectivo responsabilizó directamente a Palmira Flores García, Vicente Domingo Hernández Ramírez y Erika Juan N. por provocar violencia y división dentro de las comunidades. Denunciaron que estas personas, al perder la dirección de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas por no cumplir con los requisitos de ley, han incurrido en agresiones físicas, amenazas y desinformación con el fin de retener un cargo de forma ilegítima.
El colectivo reconoció el avance del actual presidente municipal, Enrique F. Galindo, por reactivar el proceso de consulta indígena tras la sentencia del Tribunal, que invalidó la designación de Palmira Flores por violar los usos y costumbres. Sin embargo, señalaron que el proceso aún no ha comenzado formalmente, pues los conflictos internos y las provocaciones de los antes mencionados lo han impedido.
“Nosotros agradecemos al presidente municipal porque sabemos que se violaron nuestros derechos. La ley dice que para representar a los pueblos indígenas se debe conocer nuestros usos, costumbres y hablar la lengua. Esa es nuestra lucha diaria”, expresó María Guadalupe González Gutiérrez, mujer indígena mazahua, quien también denunció amenazas contra compañeros como el representante triqui, quien ha sido intimidado públicamente por Vicente Domingo.
Desde la comunidad otomí, Juana Francisco Juan puntualizó: “Queremos armonía, paz, unidad. No estamos aquí por un cargo, sino por respeto a nuestros derechos. Aquí estamos muchas comunidades, unidas”. Las lideresas insistieron en que el perfil de quien dirija la unidad debe ser una persona indígena originaria del estado, con acta de nacimiento, credencial de elector, comprobante de domicilio y dominio de la lengua materna, para garantizar el acceso a los servicios y representación digna de las comunidades.
“Queremos una directora o director con humildad, que no busque el poder por interés personal o familiar, como lo han hecho Palmira, Vicente y Erika. Que trabaje por todas las comunidades, no por unos cuantos”, afirmaron.
Varias mujeres coincidieron en que el perfil ideal sería el de una mujer indígena con arraigo comunitario. “Estamos en el año de las mujeres, y por muchos años fuimos invisibles. Hoy queremos visibilizarnos, aprender, luchar, organizarnos. Porque solo nosotras sabemos las necesidades de nuestras comunidades”, agregó otra de las participantes.
El colectivo condenó firmemente los intentos de imposición, la violencia y la incitación al odio. “Derechos humanos y condenamos unánimemente su incitación al odio y a la agresión y su poca tolerancia. Atentamente, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”, concluye el documento.
Finalmente, reiteraron que no buscan confrontación ni cargos, sino que se respete la ley, los procesos legales y los principios de libre determinación. Llamaron a todas las comunidades originarias a mantenerse unidas y vigilantes para que la consulta se realice de forma legítima, transparente y en beneficio de todos los pueblos indígenas de San Luis Potosí.