Las prisiones de San Luis Potosí están dejando una nueva marca en las personas privadas de la libertad: la adicción a sustancias. Así lo denunció Raquel Charqueño, abogada especializada en derechos humanos e integrante de Perteneces AC, quien reveló que cada vez es más frecuente detectar casos de hombres y mujeres que ingresan a los centros penitenciarios sin historial de consumo, pero salen con serias dependencias y sin haber recibido tratamiento alguno.
“Las personas privadas de la libertad están enfrentando una doble condena: la judicial y la del abandono institucional frente a la salud mental y las adicciones. Entran sin consumir nada, y dentro comienzan el uso de sustancias como una forma de evasión emocional o por presión del entorno”, explicó.
Charqueño alertó que el consumo de drogas dentro de las cárceles no es un fenómeno aislado ni accidental. Es, dijo, el resultado de un ambiente de extrema vulnerabilidad, donde el acceso a sustancias se facilita por la falta de controles internos y donde no existen redes de apoyo emocional ni programas de prevención.
“La prisión no está funcionando como un espacio de reinserción, sino como uno de degradación. No hay tratamiento, ni atención médica continua. El sistema penitenciario simplemente no está preparado para enfrentar esta crisis de salud pública que se está gestando tras los muros”, denunció.
Lo poco que se ha logrado ha sido por gestión de organizaciones civiles como Perteneces AC, que ha trabajado desde el área de psicología, ofreciendo acompañamiento terapéutico a algunas personas.
Sin embargo, este esfuerzo es limitado y no sustituye la obligación del Estado de garantizar atención médica integral.
“Muchas personas están consumiendo dentro de prisión sin ningún tipo de control o acompañamiento. No hay protocolos, no hay programas de desintoxicación, y menos aún un enfoque de salud mental o psiquiatría. Esto es una violación grave al derecho a la salud”, insistió Charqueño.
Las consecuencias de esta crisis no terminan en las celdas. Las familias también enfrentan el peso emocional y económico del problema. Cuando una persona sale de prisión con una adicción, se encuentra en un entorno aún más frágil y con escasos apoyos para su recuperación.
“Las familias tienen que absorber los costos de rehabilitación, medicamentos, recaídas y, en muchos casos, el desempleo del familiar que ya no puede sostener ni siquiera un trabajo interno en prisión por su dependencia. Es un círculo de deterioro que también les afecta profundamente”, explicó.
“Mientras se siga ignorando esta realidad, se seguirán incubando adicciones y perpetuando la violencia institucional. Las personas en prisión también tienen derecho a la salud, y eso incluye salud mental y tratamiento frente a las adicciones. No es un favor, es una obligación del Estado mexicano”.