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lunes, marzo 16, 2026
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Familias exigen consulta real y no simulada para elegir a la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

Tras la renuncia de Teresa Guadalupe Reyes a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), colectivos de familiares de personas desaparecidas en San Luis Potosí y en el país reiteraron su exigencia de que el proceso de designación de quien ocupará el cargo se realice con transparencia, participación efectiva de las víctimas y apego total a la ley.
La Secretaría de Gobernación (Segob) informó que la próxima semana se publicarán las bases de la consulta pública para elegir a la próxima persona titular, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas. Este marco legal obliga al Estado a abrir un proceso participativo donde las familias y organizaciones tengan voz activa y se garantice que el perfil designado cumpla con criterios de idoneidad, experiencia y conocimiento en derechos humanos.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros SLP, insistió en que la renuncia de Reyes no es una victoria, sino el cierre de un ciclo marcado por la indiferencia institucional. “No es momento de festejar, pero sí de exigir que el siguiente paso no sea otra imposición. Queremos que se cumpla la ley, no solo en el discurso, sino en los hechos”.
Recordó que durante las mesas de trabajo nacionales, la mayoría de los colectivos exigió la salida de la ahora exfuncionaria, quien fue señalada por su trato distante, falta de empatía y por no cumplir con las funciones mínimas que requiere una institución de búsqueda. “Nunca hizo su trabajo. No tenía el perfil. Y por eso es vital que la siguiente persona sí lo tenga. Esta no es una oficina administrativa cualquiera, es una comisión que se creó para enfrentar una crisis humanitaria”, expresó.
El artículo 52 de la Ley General establece que el proceso debe ser abierto, con consulta a familiares de personas desaparecidas, especialistas y sociedad civil. Sin embargo, las familias temen que nuevamente se trate de un proceso simulado. “Decimos con claridad: no queremos una consulta de papel. Queremos que se escuche verdaderamente a quienes hemos vivido este horror. No más funcionarios fríos ni perfiles políticos que solo usan la comisión como un cargo más”, enfatizó Pérez Rodríguez.
Desde San Luis, el colectivo se mantiene en comunicación con redes nacionales como Enlaces Nacionales y la Red Internacional de Colectivos. “Ya nos estamos organizando para participar y exigir que se cumpla cada línea de la ley. Este momento puede marcar una diferencia. Pero también puede ser otra decepción. Todo dependerá de la voluntad política y del respeto a las víctimas”, advirtió.

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