El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, Jesús Juárez Hernández, reconoció que en San Luis Potosí la mayoría de las personas privadas de la libertad no pueden acceder al beneficio de la preliberación. La razón principal son los filtros legales que establece la normativa penal y que excluyen de manera automática a quienes enfrentan procesos o sentencias por delitos graves o de alto impacto.
“Cuando son delitos graves, cuando ya están sentenciados y cuando tienen abierta otra carpeta o expediente jurídico, ese es el principal impedimento”, explicó el funcionario, al subrayar que los beneficios de libertad anticipada o condicionada se conceden únicamente a quienes cumplen con los requisitos que marca la ley. En ese sentido, señaló que son más los internos que se quedan fuera que aquellos que logran ser considerados para el programa.
Juárez Hernández detalló que, además de las limitaciones jurídicas, también influye el cumplimiento de otros factores como la reparación del daño y la buena conducta dentro de los centros penitenciarios. “La ley también define que no todos pueden aspirar a una preliberación, y eso reduce el universo de las personas elegibles”, apuntó. De ahí que en los hechos, el programa de preliberaciones tiene un alcance mucho menor frente al total de la población penitenciaria en el estado.
Al ser cuestionado sobre la reincidencia de quienes sí logran acceder a este beneficio, el titular de la SSPC afirmó que los casos son mínimos. “No tenemos una estadística preocupante, son pocos los casos en los que se ha detectado que alguien reincida. Por eso consideramos que estas preliberaciones son un éxito, un programa bien estudiado y bien detallado”, aseguró. Sin embargo, aclaró que en caso de reincidir, las personas automáticamente pierden la posibilidad de volver a ser consideradas para salir antes de cumplir su condena.
Finalmente, Juárez Hernández defendió el enfoque humanitario con el que se impulsa esta política, aunque reconoció que los criterios de exclusión dejan fuera a la mayoría de las personas privadas de la libertad. “Este acto está basado en los valores de las personas y en la confianza que se les brinda desde San Luis Potosí y desde la sociedad. Pero también debemos ser muy claros, la ley establece los límites y no todos pueden acceder a este beneficio”, concluyó.