En San Luis Potosí, la fecundidad forzada en niñas de entre 10 y 14 años persiste como una herida abierta en el tejido social. A pesar de los esfuerzos institucionales por erradicar esta forma extrema de violencia, los datos oficiales revelan una realidad que exige atención urgente. Según cifras de la Secretaría General del Consejo Nacional de Población (CONAPO), entre 2008 y 2024 se han registrado 6,631 nacimientos en niñas de este grupo etario, una cifra que no solo alarma por su magnitud, sino por lo que representa: miles de infancias interrumpidas por contextos de abuso, desprotección y silencio institucional.
En 2008, el estado reportó 323 nacimientos en niñas de 10 a 14 años, con una razón de fecundidad de 2.28 nacimientos por cada mil niñas en ese rango de edad. Esta cifra se disparó en 2012, alcanzando los 425 nacimientos y una razón de 3.02, lo que colocó a San Luis Potosí por encima del promedio nacional en ese momento. A partir de 2016, los números comenzaron a descender: ese año se registraron 231 nacimientos, con una razón de 1.70. Para 2020, la cifra bajó a 171 nacimientos y una razón de 1.32, manteniéndose en ese nivel hasta 2024, cuando se reportaron nuevamente 171 nacimientos, con una razón de 1.37.
Aunque esta aparente estabilización podría interpretarse como una mejora, la tasa específica de fecundidad en niñas de 12 a 14 años —más representativa del riesgo biológico y social— sigue siendo preocupante. En 2024, esta tasa fue de 2.27 nacimientos por cada mil niñas, apenas por debajo del promedio nacional de 2.45. Estos datos revelan que, si bien San Luis Potosí ha logrado reducir sus cifras respecto a años anteriores, aún enfrenta una problemática estructural que requiere intervenciones profundas y sostenidas.
La fecundidad forzada en niñas no es un fenómeno aislado. Está estrechamente vinculada a contextos de pobreza, rezago educativo, violencia sexual y falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva. En San Luis Potosí, estas condiciones se agravan en comunidades rurales e indígenas, donde persisten prácticas culturales que normalizan la maternidad infantil y donde las instituciones suelen llegar tarde —o no llegar en absoluto.
Cada nacimiento en una niña de 10 a 14 años representa una historia de vulneración de derechos. No se trata solo de cifras demográficas, sino de vidas marcadas por la omisión del Estado y la indiferencia social. La planeación demográfica que impulsa CONAPO debe traducirse en políticas públicas que protejan a las niñas desde la prevención, la educación y la justicia. Es urgente implementar educación sexual integral en todos los niveles escolares, fortalecer los protocolos de atención en centros de salud y escuelas, y garantizar que las fiscalías y sistemas de protección infantil actúen con perspectiva de género y derechos humanos.
San Luis Potosí tiene ante sí el reto de transformar estos datos en acciones concretas. La fecundidad forzada en niñas no puede seguir siendo una estadística más en los informes gubernamentales. Debe ser el punto de partida para una política pública que reconozca, repare y prevenga. Porque detrás de cada número hay una niña que merece crecer libre, segura y con futuro.