El secretario general de Educación de San Luis Potosí, Juan Carlos Torres Cedillo, informó que se trabaja en conjunto con la diputada Aradillas para impulsar una iniciativa que busca brindar apoyo legal y protección a los docentes que enfrentan acusaciones consideradas infundadas, incluidas denuncias por violencia, acoso o discriminación.
“Estamos esperando que la iniciativa sea aprobada por las comisiones correspondientes, entre ellas la de Educación, para finalmente contar con una ley que modifique la normativa vigente. Esta es muy estricta, lo cual es positivo, pero en ocasiones, por interpretaciones o malos entendidos, perjudica a nuestros compañeros”, explicó Torres Cedillo.
El secretario detalló que actualmente hay cerca de 30 casos en proceso y otros dentro de los casi 40 ceses que se han dado donde, según él, la defensa de los docentes no fue adecuada pese a que se trataba de malentendidos. Como ejemplo, mencionó un incidente en el que un maestro fue acusado de discriminación por llamar “chaparrito” a un alumno durante una actividad lúdica, situación que podría haberle costado su empleo.
Torres Cedillo subrayó que la intención de la iniciativa no es relajar la normativa, sino garantizar que los docentes puedan desempeñar su trabajo sin temor a represalias que limiten su autoridad y la disciplina en las aulas. “Los maestros hoy sienten miedo de actuar correctamente, incluso de permitir que los niños salgan al recreo”, aseguró.
En paralelo, el funcionario se refirió a la jornada de concientización sobre violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes, que inició esta semana en el estado. Detalló que se han adoptado medidas estrictas en escuelas, como la contratación exclusiva de mujeres para roles de intendencia en kínder, con el objetivo de prevenir situaciones de riesgo.
“Estas acciones nos han ayudado a evitar situaciones complejas dentro de las escuelas. Sin embargo, seguimos detectando comportamientos que reflejan problemáticas en el entorno familiar de los alumnos. Para estos casos contamos con protocolos de atención, canalización y, cuando es necesario, denuncias ante la Fiscalía”, agregó.
El secretario concluyó que las acciones buscan equilibrar la protección de los docentes con la seguridad de los estudiantes, enfatizando que la normativa debe permitir disciplina y desempeño adecuado sin poner en riesgo los derechos de ninguna de las partes.