A pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición obliga a los estados a contar con una fiscalía especializada, San Luis Potosí sigue sin tenerla. El Congreso local reconoce que la iniciativa presentada en mayo de este año por el diputado Luis Fernando Gámez aún no está lista para votarse y requiere ajustes.
El diputado Carlos Arreola Mallol, integrante de la Comisión Segunda de Justicia, explicó que la propuesta fue retirada del orden del día porque “no podía quedar en un simple cambio de nombre”. La intención es que la nueva área tenga presupuesto, personal especializado y atribuciones legales claras.
“Las madres buscadoras insisten y tienen razón: es un compromiso que el Congreso tiene con ellas y con el pueblo potosino”, afirmó Arreola. Sin embargo, reconoció que todavía falta que la Fiscalía General entregue un dictamen técnico y presupuestal que respalde la reforma.
Arreola aseguró que hay consenso entre todas las bancadas para sacarla adelante, pero primero deben resolverse cuestiones presupuestales. “La idea es que quede contemplada en el presupuesto 2026 mediante una reforma transitoria”, dijo.
Comparecencias y seguridad
En paralelo, durante las comparecencias de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Estatal y de la Fiscalía General del Estado, Arreola señaló que se han detectado áreas de oportunidad en el rediseño institucional y en la coordinación entre niveles de seguridad.
Destacó que San Luis Potosí forma parte de la estrategia federal encabezada por Omar García Harfuch, en la que fuerzas federales, estatales, municipales y militares sesionan diariamente. “Es lo que está dando resultados, pero no podemos aflojar”, comentó.
También informó que 10 millones de pesos de recursos federales fueron destinados al penal de El xoxol, donde ya se realizan adecuaciones para mejorar condiciones que calificó como inhumanas.