En San Luis Potosí, ejercer el periodismo sigue siendo una labor de riesgo. De las 17 personas actualmente protegidas por el Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 12 son comunicadores y 5 defensoras de derechos humanos, según el informe estadístico más reciente, actualizado a septiembre de 2025.
Estas cifras colocan a la entidad en el lugar 22 a nivel nacional en número de beneficiarios activos, dentro de una zona media de riesgo.
Aunque el estado no se encuentra entre los más peligrosos —como la Ciudad de México (214 solicitudes), Guerrero (128) u Oaxaca (103)—, los casos registrados reflejan un riesgo sostenido que ha requerido intervención federal.
Desde la creación del Mecanismo, 26 personas en San Luis Potosí han solicitado protección, lo que posiciona al estado en el lugar 19 nacional en el conteo histórico de solicitudes, empatando con Querétaro. Actualmente, el perfil de las personas protegidas revela una diferencia de género significativa: 10 hombres y 7 mujeres se mantienen bajo resguardo.
El periodismo concentra la mayor parte de los casos. Entre los 12 periodistas protegidos, 10 son hombres y solo 2 mujeres, lo que coloca al estado en el puesto 27 nacional en esta categoría, junto con Yucatán. En contraste, las cinco defensoras de derechos humanos que cuentan con medidas de seguridad son todas mujeres, sin ningún hombre registrado en esta condición. Este número sitúa a San Luis Potosí también en la posición 27 nacional, empatando con Aguascalientes.
El informe federal detalla además las principales razones por las cuales periodistas y defensores son incorporados al Mecanismo. Aunque el documento no desglosa los casos por entidad federativa, sí permite identificar las tendencias generales del país, que reflejan un panorama compartido con San Luis Potosí. A nivel nacional, la amenaza es la agresión más común, con 1,075 casos acumulados hasta septiembre de 2025. Le siguen la agresión física, con 380 registros, y el secuestro o privación de la libertad, con 77 casos documentados.
Por perfil, la situación es similar. En el caso de las personas defensoras de derechos humanos, la amenaza representa 504 casos históricos, seguida por 169 agresiones físicas y 38 secuestros. Entre los periodistas, la tendencia se repite: 571 amenazas, 211 agresiones físicas y 39 secuestros o privaciones de la libertad.
El informe también identifica a los principales agresores. De manera consistente, los servidores públicos encabezan los casos contra periodistas, con 367 registros, mientras que los particulares son los principales agresores señalados en ataques contra defensoras y defensores de derechos humanos, con 266 casos.
En conjunto, los datos revelan que San Luis Potosí comparte el patrón de riesgo nacional: los periodistas son el grupo más vulnerable, seguidos por las defensoras de derechos humanos, quienes enfrentan amenazas y hostigamiento de manera constante. Aunque la entidad se mantiene fuera de los primeros lugares de incidencia, su ubicación en una zona media de riesgo evidencia que la libertad de expresión y la labor social aún se ejercen bajo presión.