“No se trata de cubrir una falta de personal, sino de analizar cómo funcionaría la reforma en el estado”, declaró la fiscal general Manuela Cazáres, luego de que el diputado Rubén Guajardo Barrera presentara una iniciativa para permitir que la Guardia Civil Estatal y las policías municipales colaboren directamente en las investigaciones de la Fiscalía.
Así lo dijo después de que se le preguntara si la medida respondía a la limitada capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado (FGE), que actualmente cuenta con alrededor de 600 agentes, de los cuales solo 400 se encuentran activos. La iniciativa busca que más de 3,000 policías municipales y elementos de la Guardia Civil puedan apoyar en tareas de investigación.
Cazáres reconoció que distintas corporaciones ya participan en investigaciones, pero aclaró que su intervención es específica y limitada: “En la práctica, la Policía de Investigación, la Guardia Civil y los municipios ya realizan acciones cuando hay personas detenidas o hechos delictivos, pero esto no sustituye la responsabilidad principal de la Fiscalía”.
La fiscal añadió que cualquier reforma debe ser cuidadosamente evaluada para no afectar la autonomía de la institución: “Es fundamental que cualquier cambio garantice que las investigaciones se mantengan profesionales y efectivas, sin confundir funciones ni generar duplicidad de responsabilidades”.
Finalmente, sobre la iniciativa de Guajardo, Cazáres señaló que, aunque la propuesta puede tener ventajas teóricas, no considera que sea una solución inmediata a la situación actual de la Fiscalía: “No estoy en contra ni a favor de la reforma per se, pero antes de implementarla debemos estudiar su alcance y cómo se integraría con la legislación federal y local”.