Seguridad estatal ajustará leyes, reglamentos y unidades de inteligencia conforme a la nueva Ley General aprobada por el Senado, asegura Juárez Hernández.
La capital potosina encabeza los registros de casos de extorsión en San Luis Potosí, seguida por el municipio de Rioverde y Ciudad Valles, así lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPCE), Jesús Juárez Hernández.
“Principalmente los centros de población, en este caso, principalmente la capital y luego sí tenemos a Rioverde, Ciudad Valles, Matehuala, que es poco menos, pero sí se han dado casos”.
El titular de la corporación señaló que los centros urbanos concentran la mayor incidencia y reconoció la necesidad de reforzar la coordinación y la respuesta inmediata ante reportes ciudadanos para evitar que las personas realicen depósitos o tengan pérdidas económicas por estas llamadas falsas.
Respecto a las modalidades de extorsión, Juárez Hernández detalló que, aunque en San Luis Potosí no se originan desde los centros penitenciarios locales, sí afectan a la población mediante llamadas provenientes de penales de otros estados, como Santa Martha Acatitla, Adelaida y Matamoros; enfatizó en que las metodologías incluyen desde amenazas de supuestos grupos criminales, secuestros virtuales y engaños a trabajadores que reciben instrucciones falsas para realizar depósitos.
“Todos los que nos reportan a nosotros logramos evitar que haya un depósito y esa es la ventaja de reportarle a la autoridad porque estamos capacitados para dar la atención. Cuando no nos reportan y ya nos hablan cuando pasó todo, es cuando no nos dan oportunidad de ofrecerles nuestras capacidades de todo que viene siendo, desde el conocimiento, hasta nuestras tecnologías para prevenir”, dijo.
En este mismo sentido, luego de que el Senado de la República, aprobara un nuevo marco jurídico correspondiente a la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que homologa el tipo penal en todo el país, protege a las víctimas, sanciona a servidores públicos involucrados en este delito e impone reglas estrictas para impedir el uso de celulares y dispositivos electrónicos dentro de los centros penitenciarios, al ser cuestionado sobre el seguimiento que se le dará a esta reforma en San Luis Potosí, Juárez Hernández afirmó que el estado deberá adecuarse al nuevo marco jurídico.
Y explicó que esta adaptación surge de acuerdos establecidos en reuniones nacionales de secretarios de seguridad, donde definieron la necesidad de armonizar reglamentos estatales con las recientes disposiciones federales e indicó que en este caso, además de actualizar leyes locales, la Secretaría deberá revisar y modificar sus propios reglamentos internos, así como crear nuevas unidades con perfiles especializados en inteligencia, investigación y análisis de bases de datos.
Juárez Hernández insistió en la importancia de que la ciudadanía reporte de inmediato cualquier intento de extorsión, pues la pronta atención permite activar protocolos y utilizar herramientas tecnológicas y de inteligencia para impedir que el delito se concrete.