Tras su comparecencia ante el Congreso del Estado, la fiscal general Manuela García Cázares reconoció que San Luis Potosí enfrenta un rezago institucional en materia de desaparición de personas y que los registros oficiales, sujetos a depuraciones administrativas, “pueden modificar las cifras, pero no cambian la verdad ni el sufrimiento” de las familias buscadoras.
Durante su intervención, la fiscal subrayó que la desaparición no puede reducirse a una estadística, sino que constituye “una herida abierta que atraviesa hogares, comunidades y territorios”. Por ello, afirmó que es urgente consolidar una respuesta institucional sólida, especializada y permanente.
García Cázares reiteró la necesidad de crear una Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas, con enfoque técnico, humano y autónomo:
“Crear esta fiscalía no es solo una demanda técnica; es un acto de justicia, de humanidad y de responsabilidad institucional”, sostuvo.
Obligatoriedad legal y tareas del Congreso
Al responder los cuestionamientos legislativos, la fiscal explicó que la reforma federal publicada el 16 de junio de 2025 obliga a todas las entidades a contar con una fiscalía especializada en desaparición.
“San Luis Potosí no está ajeno a esta problemática”, dijo. “El Congreso del Estado deberá aprobar la ley respectiva para su creación”.
La transición implica migrar de la actual unidad a una fiscalía completa, que sería la sexta especializada de la institución.
García Cázares destacó que la atención a la desaparición exige capacidades científicas más robustas, especialmente en identificación humana.
Explicó que la Fiscalía trabaja para reforzar las pruebas de ADN, actualizar bases de perfiles genéticos y coordinar intercambios de información con instancias nacionales.
“Una búsqueda efectiva requiere análisis genéticos oportunos y confiables”, señaló. Añadió que la futura fiscalía deberá contar con personal capacitado en genética forense, además de infraestructura adecuada para procesar restos, cotejar muestras familiares y agilizar cruces de información.
La fiscal informó que en noviembre se lanzó una convocatoria para agentes del Ministerio Público y Policía de Investigación, requisito para integrar equipos certificados y especializados.
La nueva fiscalía deberá incluir también una Unidad de Contexto con psicólogos, analistas y especialistas en diversas áreas para reconstruir escenarios de desaparición y acompañar a las familias.
“No solo se trata de localizar a una persona”, dijo. “Debe investigarse si estamos ante desaparición forzada o cometida por particulares, y garantizar sentencias contra quienes cometen este delito”.
Para ello, la institución solicitó un incremento y una ampliación presupuestal.
La fiscal recordó que existen convenios con la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Estatal, pero insistió en que la transformación institucional requiere del aval del Legislativo:
“El apoyo de ustedes será fundamental para tener una fiscalía que cumpla con las expectativas que todo ciudadano potosino requiere”.
García Cázares concluyó señalando que la creación de esta fiscalía especializada —junto con el fortalecimiento de la identificación humana y las pruebas de ADN— es indispensable para responder a la magnitud del problema y para ofrecer certezas a las familias que buscan a sus seres queridos.