Organizaciones colectivas, personas trans y no binarias, personas defensoras de derechos humanos y ciudadanía en general ofrecieron una rueda de prensa para denunciar el cobro del trámite de reconocimiento legal de la identidad de género en el estado de San Luis Potosí, al considerar que dicha medida constituye una barrera económica incompatible con los derechos humanos.
Durante la lectura de un comunicado público, las colectivas señalaron que el reconocimiento legal de la identidad de género no debe entenderse como un privilegio ni como una concesión administrativa, sino como un derecho humano estrechamente vinculado con la dignidad, el derecho a la identidad y el libre desarrollo de la personalidad.
En ese sentido, advirtieron que cualquier condicionamiento económico para acceder a este trámite resulta contrario a la obligación del Estado de garantizar derechos en igualdad de condiciones.
De acuerdo con lo expuesto, la Ley de Hacienda del Estado de San Luis Potosí establece un cobro de 10.52 Unidades de Medida y Actualización (UMA) para el trámite denominado “modificación de datos personales en las actas del Estado Civil conforme a la identidad de género autopercibida”. Aunque dicho cobro se ha justificado como administrativo, las colectivas afirmaron que en los hechos opera como un obstáculo que limita el acceso efectivo a un derecho, particularmente para personas que viven en contextos de exclusión y precarización económica.
Las voceras subrayaron que este costo tiene un impacto diferenciado y desproporcionado en las personas trans y no binarias, quienes enfrentan de manera documentada discriminación laboral, violencias estructurales y barreras institucionales. Añadieron que cobrar por un trámite que garantiza seguridad jurídica y reconocimiento estatal profundiza las desigualdades y restringe el ejercicio pleno de derechos.
Asimismo, alertaron que el cobro genera incertidumbre y falta de certeza jurídica, ya que cuando un derecho se expresa en términos económicos sin claridad suficiente se incrementa el riesgo de discrecionalidad, aplicación desigual y arbitrariedad por parte de las autoridades, debilitando la garantía efectiva del derecho a la identidad.
Las organizaciones recordaron que esta medida contraviene estándares nacionales e internacionales en materia de derechos humanos. Citaron criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ha establecido que los procedimientos de reconocimiento de identidad deben ser administrativos, sencillos, expeditos y accesibles, así como la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que los Estados deben tender a la gratuidad de estos procedimientos para evitar que factores económicos se conviertan en obstáculos para el ejercicio de derechos. También mencionaron la Recomendación 42/2024 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que reconoce la existencia de violaciones estructurales a los derechos de personas trans y no binarias derivadas de barreras normativas y administrativas con efectos discriminatorios.
En este contexto, las colectivas reiteraron que el Estado de San Luis Potosí tiene la obligación de armonizar su marco normativo y sus prácticas institucionales con los principios de igualdad y no discriminación. Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes para adoptar medidas inmediatas que garanticen el acceso efectivo al reconocimiento legal de la identidad de género sin barreras económicas ni administrativas.
Entre sus principales exigencias se encuentran: la implementación de mecanismos administrativos que aseguren que el trámite no esté condicionado a la capacidad económica de las personas solicitantes; la adopción de criterios de exención, subsidio o gratuidad, especialmente para personas trans y no binarias en situación de vulnerabilidad estructural; la armonización de la legislación local con los estándares constitucionales y convencionales en materia de identidad de género; la actualización de los sistemas administrativos e informáticos del Registro Civil para garantizar la expedición y validez de las actas modificadas; y la eliminación de prácticas administrativas y discriminatorias que obstaculizan el ejercicio de derechos.
Durante la sesión de preguntas y respuestas, integrantes de la colectiva TODES TRANS informaron que al menos 11 personas han tenido que pagar el trámite, todas en la capital del estado, y que el cobro comenzó a aplicarse recientemente tras una actualización administrativa. Señalaron que, aunque el trámite continúa realizándose, las personas solicitantes se ven obligadas a cubrir el costo como requisito previo.
Las colectivas indicaron que actualmente se encuentran en contacto con organizaciones de litigio estratégico para analizar posibles acciones legales, aunque manifestaron estar abiertas al diálogo con las autoridades antes de emprender denuncias formales.
Finalmente, las personas participantes enfatizaron que el reconocimiento legal de la identidad de género no admite soluciones simbólicas ni dilatorias, y que no basta con su existencia formal si en la práctica se restringe mediante cobros o requisitos que dificultan su ejercicio. “La identidad no se cobra y los derechos no se condicionan”, concluyeron.