En lo que va del año 2026, la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ha registrado un total de 167 denuncias formales por delitos relacionados con el maltrato, violencia familiar, abandono y lesiones en contra de personas de la tercera edad.
La distribución geográfica de estas querellas revela una concentración crítica en tres puntos del estado: Ciudad Valles encabeza la lista con 34 denuncias, seguido por la capital potosina con 29 y Matehuala con 18 casos registrados ante las autoridades. Otros municipios que presentan una incidencia relevante son Rioverde (12 casos), Tamazunchale (9) y Tancanhuitz (7), evidenciando que la desprotección de los adultos mayores es un fenómeno que recorre las principales regiones de la entidad.
El perfil de quienes denuncian se concentra estrictamente en ciudadanos de 60 años o más, siendo el rango de los 65 a los 75 años el que presenta la mayor vulnerabilidad frente a situaciones de abuso físico o patrimonial. Esta etapa de la vida, marcada muchas veces por una mayor dependencia, coincide con el grueso de las carpetas de investigación abiertas por las distintas delegaciones de la fiscalía en los municipios mencionados.
La estadística de género en estas denuncias es determinante para entender la naturaleza de la violencia en el estado: de las 167 víctimas registradas, 125 son mujeres (74.8%) y 42 son hombres (25.2%). Esta proporción de tres a uno resalta que las mujeres adultas mayores enfrentan un riesgo significativamente mayor, principalmente en el ámbito doméstico, donde se originan la mayoría de los reportes por maltrato en municipios como Ciudad Valles y San Luis Potosí.
A pesar de este volumen de actividad en las fiscalías, el acceso real a la justicia sigue siendo una tarea pendiente. De la totalidad de los casos reportados en los diversos municipios, solo 10 han logrado ser judicializados hasta febrero de 2026. Nueve de estos procesos exitosos fueron impulsados por la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, mientras que la Vicefiscalía General, a pesar de manejar el mayor número de denuncias municipales, solo ha logrado llevar un caso ante un juez.
La brecha entre la denuncia y el castigo al maltrato sigue siendo el principal desafío para la seguridad de los abuelos en el estado.