En democracia, cambiar las reglas del juego nunca es un asunto menor. Las reformas electorales no solo modifican procedimientos; también redefinen el equilibrio de poder entre los actores políticos. Por eso, cuando una propuesta de esta magnitud nace sin consenso y con claros intereses partidistas, su destino suele ser el fracaso.
La reciente propuesta de reforma electoral generó polémica desde su origen. Entre los puntos más controvertidos se encontraba la posibilidad de reducir la representación de las minorías políticas, un elemento que históricamente ha sido clave para garantizar la pluralidad en el Congreso mexicano. Limitar ese espacio no solo altera el equilibrio democrático, sino que abre la puerta a una mayor concentración del poder político.
Otro de los aspectos que encendió el debate fue la reducción del presupuesto destinado a los partidos políticos. Aunque a primera vista puede parecer una medida popular ante la opinión pública, en la práctica podría generar un escenario complejo: menos financiamiento público puede traducirse en procesos electorales con mayor dependencia del poder gubernamental o de intereses privados, lo que algunos analistas han advertido como el riesgo de avanzar hacia elecciones de Estado.
Pero quizá uno de los elementos más comentados fue el origen político de la propuesta. Muchos en el ámbito político señalaron, incluso con cierto tono irónico, que la reforma prácticamente había sido concebida desde Palenque, en referencia al expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien durante su gobierno impulsó la idea de transformar profundamente el sistema electoral mexicano.
De haberse aprobado en los términos planteados originalmente, diversos sectores consideraban que el principal beneficiado habría sido Morena, partido que hoy domina el escenario político nacional.
Desde mi perspectiva, incluso dentro de este escenario de derrota legislativa, también puede interpretarse un triunfo político para la presidenta Claudia Sheinbaum. La derrota de la reforma electoral ya estaba, en buena medida, presupuestada dentro del cálculo político. Sin embargo, el hecho de que partidos aliados como el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo no acompañaran completamente la iniciativa termina por debilitar su posición dentro de la coalición oficialista. En ese contexto, cobra aún mayor valor el peso político de Morena al reafirmarse como la fuerza mayoritaria del proyecto político en el poder.
Este escenario también abre lecturas a nivel regional. En San Luis Potosí comienza a verse cada vez más lejana una eventual alianza electoral entre Morena y el Partido Verde para los próximos comicios. La presidenta ha mantenido una postura firme en contra del nepotismo, lo que complica acuerdos políticos en ese sentido. Además, tras el voto en contra del Verde a la reforma electoral, ese partido difícilmente tendría margen político para solicitar nuevamente una alianza en los mismos términos. MORENA tendria camino libre a elegir su candidato o candidata y el PAN nunca antes con tantas posbilidades.
De mantenerse este escenario, el Partido Verde podría enfrentar un debilitamiento rumbo a las próximas elecciones, dejando la contienda por la Gobernatura mucho más abierta. Sin esa alianza, incluso proyectos políticos vinculados al actual gobierno estatal tendrían un panorama menos asegurado, y la moneda electoral quedaría verdaderamente en el aire.
En democracia, cambiar las reglas del juego exige legitimidad, consenso y visión de Estado. Cuando estos elementos no existen, las reformas no solo fracasan: también dejan al descubierto las tensiones reales del poder político.