En rueda de prensa, la defensa de los acusados, cuestionó dichas acusaciones, denuncian omisiones y solicita respaldo de autoridades ante presuntas irregularidades.
En una rueda de prensa realizada este jueves, la contraparte en el caso de Luis César Ferrer dio a conocer nuevos posicionamientos sobre los hechos ocurridos el 26 de febrero de 2023, en los que reiteró su postura en torno a la legítima defensa y la presunta falta de pruebas contra quienes fueron señalados como agresores, además de solicitar el apoyo de las autoridades correspondientes.
Durante el encuentro, se recordó que la detención de José Luis “N” se llevó a cabo meses después de los hechos, el 18 de agosto de 2023, lo cual señalaron, ha sido motivo de cuestionamientos por posibles irregularidades en el proceso.
De acuerdo con lo expuesto, el día de los hechos una persona identificada como Antonio Segura Hernández, alias “El Pina”, presuntamente portaba un arma de fuego y habría amenazado a las hijas del hoy sentenciado, situación que, según esta versión, detonó el conflicto.
Asimismo, indicaron que el hoy occiso habría salido con vida del lugar, sin quedar dentro del domicilio ni en el exterior inmediato, lo que afirman, genera incertidumbre sobre el punto exacto donde recibió la lesión por arma de fuego, aspecto que, aseguran, no fue acreditado plenamente por la autoridad investigadora.
En ese sentido, enfatizaron en que existían antecedentes de denuncias previas entre las partes ante la Fiscalía, así como conflictos previos. Según lo manifestado, ya se habrían registrado episodios en los que un grupo de personas acudía al domicilio del imputado con la presunta intención de agredir y presionar para el retiro de dichas denuncias.
Durante el posicionamiento, mencionaron que, de acuerdo con versiones expuestas, algunos manifestantes estarían siendo asesorados por una trabajadora de la Fiscalía General del Estado, identificada como Socorro Juárez Sánchez, quien presuntamente les orientaría sobre acciones y movilizaciones.
La familia del hoy sentenciado aseguró haber vivido situaciones de temor, señalando que su domicilio habría sido atacado en diversas ocasiones con disparos. Indicaron que, tras los hechos, elementos de la Guardia Nacional intervinieron para resguardarlos y facilitar su salida del inmueble, lo que derivó en que dejaran de habitarlo por motivos de seguridad.
Los familiares también señalaron que la pérdida de la libertad de uno de sus integrantes ha sido uno de los aspectos más lamentables, y consideraron que los hechos pudieron haberse evitado si las denuncias previas hubieran sido atendidas oportunamente, acusando omisiones por parte de la autoridad.
En relación con el proceso judicial, reiteraron cuestionamientos sobre la detención tardía del imputado. Además, señalaron que durante el juicio la Fiscalía no logró acreditar plenamente la acusación de homicidio en los términos planteados.
Entre los elementos presentados, destacaron videos en los que, según lo expuesto en audiencia, se observa el ingreso de un grupo de personas al domicilio de José Luis “N”, lo cual fue interpretado por la defensa como una agresión directa.
Bajo este contexto, recordaron que el juez determinó que los hechos ocurrieron en circunstancias de exceso de legítima defensa, al considerar que el imputado actuó para proteger a su familia ante una situación de riesgo.
Finalmente, indicaron que el comportamiento posterior a los hechos también genera dudas, ya que, según lo declarado, el hoy occiso se habría retirado caminando del lugar y no se registró la intervención inmediata de servicios de emergencia en ese momento.