El alcalde consideró que, al desaparecer el tipo penal, los procesos abiertos deberían extinguirse y las personas afectadas incluso podrían reclamar un resarcimiento; criticó que la mayoría del Congreso local ha dejado «mal parado» a SLP con diversas legislaciones.
La derogación de la denominada Ley Serrano representa un acierto que fortalece la protección a la libertad de expresión y además, podría derivar en que las personas procesadas bajo esa legislación queden exentas de responsabilidad penal e incluso las víctimas tengan la posibilidad de reclamar un resarcimiento, afirmó el alcalde de la capital, Enrique Galindo Ceballos.
El edil sostuvo que, desde una perspectiva jurídica, la desaparición del tipo penal implicaría que los procesos iniciados con base en esa norma deban extinguirse:
«Una vez que se derogue, incluso entiendo jurídicamente que debe disolverse el delito y que las personas sujetas a ese proceso deben quedar totalmente exentas de la responsabilidad penal, porque ese es el efecto; ya no existe la ley, no existe el tipo penal en automático, al menos esa es la lógica jurídica, deberían de quedar exentas.», expresó.
Añadió que las personas afectadas por la aplicación de la legislación, entre ellas creadores de contenido y representantes de medios de comunicación, también podrían ejercer otros derechos.
«Las víctimas claro que tienen otros derechos, entre otros, que se les separe de esos juicios, se tienen que desaparecer esos juicios y claro que podrían demandar algún tipo de resarcimiento», señaló.
Galindo consideró que la derogación corrige un retroceso en materia democrática y de derechos humanos, al tiempo que da la razón a quienes impugnaron la norma por la vía política y jurídica; además agregó que la regulación de temas relacionados con la inteligencia artificial y la libertad de expresión no debe trasladarse al ámbito penal, sino atenderse mediante el derecho civil o administrativo, para evitar afectaciones a derechos fundamentales.
En otro tema, el presidente municipal afirmó que el Congreso del Estado enfrenta importantes retos en materia legislativa, luego de considerar que diversas normas aprobadas por la mayoría parlamentaria han sido cuestionadas o revertidas e incluso recordó que existen antecedentes de resoluciones adversas para el Poder Legislativo y señaló que la derogación de la Ley Serrano es ejemplo de otro episodio que evidencia la necesidad de revisar la forma en que se elaboran las leyes.
«El Congreso tiene una mayoría y es la que ha aprobado este tipo de legislaciones, y es la que ha dejado mal parado a San Luis Potosí», declaró. No obstante, puntualizó que sus señalamientos no van dirigidos a la totalidad de los legisladores, sino específicamente a la mayoría que ha impulsado dichas iniciativas, mientras que otros diputados votaron en contra, se abstuvieron o reservaron su postura.
Finalmente, lamentó que el Congreso no hubiera atendido en su momento las iniciativas ciudadanas para modificar la Ley Serrano y consideró que la derogación terminó por dar la razón a quienes advirtieron desde un inicio los riesgos que implicaba esa legislación.