Desde hace poco más de tres años, Blanca Estela Hernández Martínez asegura vivir entre amenazas, miedo e incertidumbre por un terreno que, sostiene, es de su propiedad y del que afirma haber sido despojada en Cerro de San Pedro.
El conflicto comenzó, según su relato, el 14 de mayo de 2023, cuando recibió el aviso de que personas habían ingresado a un predio ubicado en las inmediaciones de las calles Independencia y Arroyo San Nicolás.
Lo que comenzó como un reclamo por la ocupación del terreno terminó, de acuerdo con la denunciante, en una agresión física y amenazas que posteriormente llevaron a la apertura de una carpeta de investigación ante la Fiscalía General del Estado.
Se trata de la carpeta 18077/23, según informó su abogado, Antonio Pérez Oldevilla.
“Yo de mi parte, yo recibí hace tres años agresiones de este tipo de esta persona”, relató Hernández Martínez durante una conferencia de prensa en la que decidió hacer pública su situación.
La mujer señaló como presunto responsable de las agresiones a J. Santos Nava Arista, padre del presidente municipal de Cerro de San Pedro, Ángel de Jesús Nava Loredo.
Tres años sin recuperar el terreno
Hernández Martínez explicó que acudió al predio después de enterarse de que había personas dentro y que incluso se había instalado una barra para la venta de cerveza.
Al preguntar qué estaban haciendo en el lugar, afirmó que recibió una respuesta violenta.
“¿Qué chingados quieres? Vienes a chingar nuevamente”, recordó que le habría dicho Santos Nava Arista.
La confrontación, según su testimonio, escaló hasta convertirse en una agresión física.
Dijo que fue empujada, jalada del cabello y escupida en el rostro. Pero, afirmó, lo que más temor le provocó fueron las amenazas.
“Te voy a matar”, relató que le dijeron, mientras aseguró que también le hicieron un gesto con la mano simulando un arma.
A pesar de haber denunciado los hechos, la mujer asegura que el problema no terminó ahí y que durante estos tres años continuaron los actos que considera intimidatorios.
“Yo sí recibí amenazas y dije, no, ya mejor me detengo”, reconoció.
El temor, explicó, la llevó durante un periodo a dejar de impulsar activamente su denuncia. No obstante, ahora decidió retomarla con el acompañamiento de sus abogados.
Obras sobre el terreno que reclama
La disputa por la propiedad, aseguró, tampoco quedó en aquel episodio.
La denunciante relató que posteriormente recibió información de que nuevamente había personas trabajando dentro del predio y que se estaban realizando excavaciones para iniciar una obra.
Al acudir al sitio, dijo haberse encontrado nuevamente con Santos Nava Arista y trabajadores.
Para Hernández Martínez, aquello confirmó que el problema seguía vigente: mientras ella intentaba defender la propiedad que asegura tener, otras personas continuaban realizando trabajos en el terreno.
La mujer sostuvo que incluso personas que identifica como vinculadas con el Ayuntamiento de Cerro de San Pedro han acudido a su domicilio para burlarse de ella y cuestionar su derecho sobre el inmueble.
También afirmó que recibió llamadas telefónicas con amenazas.
“Yo ya no trabajo a gusto”, expresó al explicar cómo la situación ha afectado su actividad como comerciante.
Reclama respuestas de la Fiscalía
Uno de los principales reclamos de Hernández Martínez es que, después de tres años, no ha obtenido la respuesta que esperaba de la Fiscalía.
“Ya desde esa fecha para acá, pues no he visto una solución”, señaló.
Su abogado explicó que la carpeta de investigación se inició en 2023 y que actualmente buscan que sea canalizada a la agencia especializada en delitos contra las mujeres para continuar con los actos de investigación.
La defensa consideró que el caso debe analizarse no solamente como un conflicto por la propiedad de un terreno, sino también desde las agresiones y amenazas que, de acuerdo con la denunciante, se han presentado de manera recurrente.
“No nada más ocurrieron hechos en el año 2023, sino que posteriormente a ellos ha sido violentada, agraviada y amenazada de manera continua”, sostuvo el abogado.
También señaló que la denunciante ha enfrentado la situación mientras continúa viviendo y trabajando en el mismo municipio, lo que, desde su perspectiva, incrementa su sensación de vulnerabilidad.
“Esto tiene que seguir adelante”
Hernández Martínez reconoció que por momentos pensó en abandonar el procedimiento.
Las amenazas y las dificultades para dar seguimiento a la carpeta, dijo, la hicieron sentirse desanimada.
Sin embargo, decidió continuar.
“Esto tiene que seguir adelante”, afirmó.
La mujer aseguró que su caso no es aislado y sostuvo que otros habitantes y comerciantes de Cerro de San Pedro también han enfrentado situaciones de intimidación.
Incluso habló de un conflicto que, según su percepción, lleva décadas en el municipio y que atribuyó a la permanencia de grupos familiares y políticos en posiciones de poder.
Su abogado señaló que ya se realizan gestiones para solicitar medidas de protección para Hernández Martínez y pidió que éstas se mantengan vigentes mientras persista el riesgo.
También solicitó la intervención de instituciones como la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Instituto de las Mujeres, además de las áreas especializadas de la Fiscalía.
Después de tres años, la exigencia de la denunciante es concreta: que se investigue el presunto despojo del terreno, que se esclarezcan las agresiones y amenazas que asegura haber sufrido y que se garantice su seguridad.
“Hay muchas injusticias en el pueblo y la verdad ahí hay un cacicazgo muy fuerte”, sostuvo al explicar por qué decidió volver a hacer público su caso.
Los señalamientos fueron realizados por la denunciante y sus representantes legales durante una conferencia de prensa. Corresponderá a la Fiscalía investigar los hechos contenidos en la carpeta 18077/23 y determinar las responsabilidades que, en su caso, procedan.


