Este 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, las familias buscadoras de San Luis Potosí llegan a la conmemoración no sólo para recordar a quienes permanecen ausentes, sino para volver a exigir a las autoridades que hagan lo necesario para encontrarlos, procesen los sitios donde han sido localizados restos humanos y atiendan una problemática que, aseguran, continúa creciendo.
Edith Pérez Rodríguez, presidenta de Voz y Dignidad por los Nuestros, organización que acompaña a familias buscadoras y participa en labores de búsqueda en el estado, señaló que la fecha representa un momento para mantener presentes a las personas desaparecidas, pero también para cuestionar la respuesta de las instituciones frente a la desaparición.
“Es un día para conmemorar la vida de nuestros desaparecidos, es un día que se los dedicamos a la memoria de ellos para que nunca sean olvidados”, expresó.
La activista cuestionó que, pese a la creación de comisiones de búsqueda, institutos y laboratorios forenses y otras instancias especializadas, las desapariciones continúen ocurriendo.
“¿De qué sirve que se creen instancias, institutos forenses, laboratorios forenses, comisiones de búsqueda, si de todas maneras no hacen algo para que esto pare?”, reclamó.
De acuerdo con el registro que mantiene Voz y Dignidad por los Nuestros, actualmente son más de mil 500 las personas desaparecidas en San Luis Potosí que cuentan con ficha de búsqueda, reporte ante la Comisión de Búsqueda y denuncia ante la Fiscalía. Sin embargo, Pérez Rodríguez advirtió que existen otros casos que no forman parte de ese conteo, debido a que hay familias que no presentan denuncias por temor o porque son obligadas a abandonar sus comunidades.
Explicó que en algunos casos una persona es reportada como desaparecida, pero junto con ella desaparecieron otras que nunca fueron denunciadas.
“Sabemos que con él desaparecieron otras personas, otras dos, que no pusieron reporte”, señaló.
A esta situación se suma, dijo, el desplazamiento de familias completas que son amenazadas después de la desaparición de uno de sus integrantes y abandonan sus municipios sin presentar una denuncia.
“Se llevan a una persona o se llevan a dos personas de ese domicilio y amedrentan a la familia quemando toda su casa. Y no hay quien ponga la denuncia”, afirmó.
La presidenta de Voz y Dignidad relató que la búsqueda emprendida por las familias también ha cambiado con el tiempo. Lo que comenzó como la esperanza de encontrar con vida a sus familiares, dijo, ha llevado en algunos casos al hallazgo de cuerpos y restos humanos en fosas clandestinas y otros sitios.
“La búsqueda de nuestros desaparecidos fue la búsqueda en vida y los encontramos muertos en fosas clandestinas, enterrados, desquebrajados en fragmentos, calcinados, cocinados en ácido”, relató.
Según información obtenida por la organización mediante solicitudes, en San Luis Potosí existen más de 140 zonas de exterminio contabilizadas, mientras que Voz y Dignidad tiene identificadas 25 que, según su registro, no han sido procesadas debidamente.
Entre los hallazgos, mencionó cuerpos completos, restos calcinados y fragmentados y evidencias de destrucción de cuerpos, particularmente en la Zona Media y el Altiplano.
“Todo, todo: calcinado, cuerpos completos que están cocinados en ácido, sobre todo Zona Media y Altiplano; otros, tremendamente desquebrajados o tremendamente calcinados”, describió.
Uno de los sitios que mencionó se encuentra en el municipio de Tamasopo, descubierto durante acciones de búsqueda de la Comisión de Búsqueda y de las madres buscadoras de Voz y Dignidad. Pérez Rodríguez señaló que tuvieron que presionar a la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos para que el lugar fuera procesado, pues, aseguró, durante aproximadamente dos años no había avanzado como debía.
Para la activista, otro de los problemas es la falta de análisis de contexto por parte de las instituciones. Explicó que las propias familias van reconstruyendo posibles conexiones entre desapariciones a partir de los hallazgos que encuentran durante las búsquedas.
“Nosotros sí hacemos ese análisis de contexto porque nos van dando pistas: todo lo que vamos descubriendo, todo lo que vamos buscando. Vamos estudiando quiénes eran los delincuentes y cuál era la célula que estaba ahí”, explicó.
Pérez Rodríguez sostuvo que ni la Comisión de Búsqueda ni la Fiscalía realizan este trabajo como deberían y cuestionó la capacitación del personal encargado de hacerlo.
“Ni la Comisión de Búsqueda sabe hacer el análisis de contexto. Las encargadas de hacer esto no están capacitadas como deben de ser”, afirmó.
También señaló que en algunos de los sitios han encontrado objetos que consideran indicios de la presencia de grupos criminales, aunque las autoridades no les proporcionan información sobre ello.
A las deficiencias de investigación, agregó, se suman carencias de personal, vehículos y combustible. Aseguró que, cuando se requiere una búsqueda inmediata, los policías de investigación asignados deben trasladarse en las camionetas de la Comisión de Búsqueda.
“Si hay una búsqueda inmediata, los policías de investigación que asignan en ese momento tienen que trasladarse en las camionetas de la Comisión de Búsqueda porque no tienen gasolina. Entonces estamos en nada”, sostuvo.
Para la presidenta del colectivo, las familias terminan realizando una parte importante del trabajo de búsqueda y, además, deben presionar dentro de las instituciones para que los casos avancen.
En medio de este panorama permanece también pendiente el memorial para las víctimas de desaparición. Pérez Rodríguez explicó que el proyecto ha sido presentado ante distintas administraciones y que incluso se realizaron mesas de trabajo para definir un espacio. Una de las propuestas fue un jardín ubicado frente al Centro de las Artes, cerca del Santuario de Guadalupe.
Sin embargo, el memorial no se concretó y las familias tuvieron que recurrir al Ayuntamiento de San Luis Potosí para conseguir un espacio donde realizar la conmemoración de este 30 de agosto.
Mientras tanto, el colectivo continúa utilizando el “Árbol de la Memoria” para colocar las fichas de búsqueda, aunque las fotografías permanecen poco tiempo.
“Las fichas duran un día, dos días colgadas en el Árbol de la Memoria. No podemos tener un Árbol de la Memoria a la fecha”, lamentó.
Para Pérez Rodríguez, contar con un memorial no significa cerrar el duelo, porque las familias no pueden dar por terminada la búsqueda mientras sus seres queridos continúen desaparecidos.
“Me voy a morir y mis hijos van a seguir desaparecidos y yo quiero un lugar en donde la gente pueda decir: es de Voz y Dignidad, es de las víctimas de desaparición”.
La activista también denunció que las familias continúan enfrentando estigmatización y rechazó que las desapariciones se justifiquen bajo el argumento de que las víctimas “andaban mal”.
“Todavía hay muchos señalamientos en los que nos dicen que, por andar mal, por eso están en esto. Y no, no es por andar mal”, sostuvo.
Consideró que esa narrativa termina responsabilizando a las propias víctimas y permite que la sociedad se desentienda de una problemática que afecta a familias completas.
“Somos mucho más las familias que sufrimos este flagelo. Somos mucho más los amigos que conocemos que un amigo ya no está porque se lo llevaron”, afirmó.
Por ello, llamó a dejar de mirar la desaparición como un problema ajeno y a entender que detrás de cada persona ausente existe una familia que también ha sido afectada.
“Los desaparecidos son de todos y, por lo tanto, todos tenemos que estar velando por nuestros vecinos, por nuestros familiares, por nuestros hijos”.