Conagua se deslinda de fallas en El Realito

Darío Fernando González Castillo afirmó que el Gobierno estatal debe explicar por qué no se ha concretado la reparación de entre 12 y 18 kilómetros de la línea de conducción; aseguró que el organismo federal validará el proyecto ejecutivo cuando sea presentado.

Darío Fernando González Castillo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) deslindó al organismo de las deficiencias y la falta de mantenimiento del acueducto de la presa El Realito, al señalar que el manejo del ducto corresponde a la Comisión Estatal del Agua (CEA), instancia que debe explicar por qué continúan pendientes las reparaciones necesarias.

El titular de la Conagua, indicó que el Gobierno estatal ha informado al organismo federal sobre los trabajos técnicos y los dictámenes que prepara para integrar un proyecto ejecutivo con el que buscan rehabilitar entre 12 y 18 kilómetros de la línea de conducción, en la zona de Tierra Nueva.

Ante esto sostuvo que la responsabilidad de la Conagua se limita a la concesión de las aguas destinadas a la zona metropolitana, mientras que la operación del ducto está a cargo de las autoridades estatales.

“Yo soy respetuoso a las autoridades, pero debe ser el titular de la CEA el que pueda contestar por qué llevan ese tiempo”, expresó al ser cuestionado sobre el periodo que ha transcurrido sin concretar la reparación.

González Castillo aseguró que, una vez que la CEA presente el proyecto ejecutivo, la dependencia federal podrá validarlo para avanzar con las obras y dijo que el Gobierno Estatal también ha realizado gestiones ante el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) para obtener recursos destinados a la elaboración del proyecto.

Sobre la posibilidad de rescindir el contrato de El Realito, el titular de la Conagua explicó que continúa el acompañamiento jurídico del organismo federal para explorar una salida al acuerdo vigente, cuya concesión dijo todavía tendría entre nueve y diez años por cumplir.

Comentó así que la dependencia brinda asesoría a las autoridades estatales para buscar una rescisión o una mediación que permita reducir ese periodo, en línea con lo que ha planteado el gobernador.

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