El Gobierno de San Luis Potosí ha destinado cerca de cinco millones de pesos para cubrir la atención médica y los tratamientos de las personas lesionadas en el desplome ocurrido en el antro Rich, donde dos jóvenes murieron y otros ocho resultaron heridos el 7 de junio de 2024.
Sin embargo, el proceso penal aún no llega a la etapa de juicio oral debido a los amparos promovidos por las partes involucradas.
El comisionado ejecutivo estatal de Atención a Víctimas, Juan Gerardo Castillo Mata, explicó que el gasto comenzó con el pago de la atención hospitalaria de las víctimas en instituciones privadas, cuyo costo superó los tres millones de pesos y se acercó a los cuatro millones. A esa cantidad se sumaron los recursos requeridos para dar continuidad a los tratamientos médicos y a la rehabilitación de quienes sufrieron lesiones.
“Desde un inicio, con el hospital o los hospitales privados en los que se atendieron todas las víctimas, de manera inicial el Gobierno del Estado, a través de la Comisión de Víctimas y con una ampliación presupuestaria que se hizo, nosotros respondimos al 100 por ciento con los gastos generados por la atención médica”, señaló.
El funcionario precisó que los recursos provienen de una ampliación presupuestaria autorizada por el Gobierno estatal mediante la Secretaría de Finanzas, así como del fideicomiso de la propia comisión, a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral.
La erogación no se limita a la hospitalización inicial. Castillo Mata indicó que algunas de las personas lesionadas continúan bajo tratamiento y requieren terapias, insumos y atención médica especializada para completar su recuperación. En estos casos, la dependencia mantiene el apoyo mediante pagos directos o reembolsos cuando las víctimas han cubierto previamente los gastos por necesidad.
Aunque algunas personas ya fueron dadas de alta al no presentar complicaciones médicas graves, otras siguen necesitando atención, por lo que el monto destinado al caso ha aumentado conforme avanzan sus procesos de rehabilitación.
En cuanto a las familias de los dos jóvenes fallecidos, el comisionado explicó que la comisión todavía no ha erogado recursos por esos conceptos, debido a que el procedimiento penal continúa en curso respecto de las dos víctimas mortales y una persona más.
Sobre el avance judicial, detalló que la etapa intermedia del proceso ya concluyó, pero aún no se ha emitido el auto de apertura a juicio oral. La razón, explicó, es que las partes han promovido diversos juicios de amparo y algunos continúan en trámite.
“Lo que no ha podido ocurrir es que se dicte un auto de apertura a juicio oral”, indicó.
El funcionario agregó que la semana anterior se había programado una audiencia para revisar las medidas cautelares, pero esta no se llevó a cabo, por lo que están a la espera de que se establezca una nueva fecha.
El caso Rich ocurrió la noche del 7 de junio de 2024, en la plaza Alttus, al poniente de la capital potosina, cuando cedió una estructura de vidrio en el área del barandal del establecimiento. La caída provocó la muerte de dos jóvenes y dejó ocho personas lesionadas. Desde entonces, además de la investigación penal, las familias y las víctimas sobrevivientes han requerido acompañamiento jurídico y atención médica.