Más de 20 vehículos que prestaban servicio de transporte sin autorización fueron retirados de circulación durante la semana pasada, como parte de los operativos que mantiene la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) de San Luis Potosí contra unidades que ofrecen viajes mediante redes sociales y plataformas digitales sin cumplir con la regulación estatal.
La titular de la dependencia, Araceli Martínez Acosta, informó que las inspecciones no se limitan a la zona metropolitana, pues también han detectado vehículos procedentes de Matehuala, Charcas y Salinas. Advirtió que la falta de autorización impide a la Secretaría verificar que quienes ofrecen los traslados cumplan con las condiciones requeridas para prestar el servicio.
“Nosotros seguimos invitando a la población a que no utilicen transporte no autorizado porque no se encuentra regulado por esta Secretaría y desconocemos quiénes son los que están realizando esta actividad”, señaló.
La funcionaria explicó que la dependencia ha recibido quejas de personas que acuerdan viajes a través de redes sociales y posteriormente enfrentan problemas durante el traslado o al olvidar alguna pertenencia en las unidades, sin contar con las mismas condiciones de identificación y supervisión que ofrece el transporte regulado.
Las sanciones por prestar el servicio de transporte remunerado sin autorización van de 300 a 500 UMAs, de acuerdo con lo expuesto por Martínez Acosta. Indicó que la Secretaría aplica la multa mínima, salvo cuando existe reincidencia, supuesto en el que puede incrementarse.
Uber ya pagó su autorización; DiDi prepara su registro
En cuanto a la regularización de las plataformas digitales, Martínez Acosta informó que Uber ya cubrió el pago de su autorización, pero todavía debe registrar los vehículos que prestan el servicio y facilitar que sus conductores realicen la capacitación correspondiente para obtener el gafete que exige la normativa.
DiDi también se acercó a la dependencia y está por iniciar el procedimiento para registrar a sus operadores y formalizar la prestación del servicio en el estado.
La situación de InDrive es distinta, pues la secretaria sostuvo que, bajo las condiciones actuales de operación, la empresa no podría obtener autorización estatal.
“Ellos ofertan tarifas dinámicas, no piden seguro a los vehículos que brindan este servicio de transporte y en esas condiciones nosotros no podríamos conceder una autorización”, afirmó.
La dependencia mantendrá los operativos mientras avanza la regularización de las empresas. Además, Martínez Acosta abrió la posibilidad de recibir y orientar directamente a conductores que trabajan mediante aplicaciones, incluso para analizar un registro provisional que les permita conocer su situación y presionar a las compañías para que concluyan los trámites.
La secretaria sostuvo que las inspecciones no buscan perseguir a quienes trabajan en plataformas, sino establecer reglas para todas las modalidades de transporte y garantizar condiciones de seguridad para las personas usuarias.
Taxistas exigen detenciones; SCT descarta llevar los casos al Ministerio Público
Las protestas del gremio taxista continúan pese al avance en la regularización de las plataformas. De acuerdo con Martínez Acosta, una de las exigencias recientes de los concesionarios es que los operativos se realicen con apoyo de la Guardia y que los conductores detectados sean detenidos y puestos a disposición del Ministerio Público.
Sin embargo, afirmó que la Secretaría no puede proceder de esa manera, debido a que sus facultades son administrativas y las infracciones se atienden mediante los procedimientos correspondientes.
“Su protesta cambia siempre. Ahorita lo último que manifiestan ellos es que solicitan que se hagan los operativos con la Guardia y que se hagan las detenciones de las personas y que se pongan a disposición del Ministerio Público, algo que legalmente yo estoy impedida porque soy una autoridad administrativa”, declaró.
La funcionaria también reconoció que han detectado taxistas que trabajan simultáneamente mediante plataformas digitales. Incluso, dijo, existen quejas de usuarios que solicitan un viaje por una aplicación distinta a Mi Taxi y reciben el servicio en un taxi concesionado.
Aunque hasta ahora no han aplicado sanciones por esta práctica, Martínez Acosta advirtió que la dependencia comenzará a tomar medidas, al considerar que las plataformas ya cuentan con una vía para avanzar hacia la regulación.
Paralelamente, la SCT espera los resultados de un estudio solicitado a una universidad para determinar cuántos vehículos de plataformas podrían operar en la zona metropolitana, tomando en cuenta el número de concesiones de taxi existentes y la necesidad de evitar una saturación del servicio.
La secretaria también cuestionó los bloqueos viales realizados durante las manifestaciones del gremio y pidió a las autoridades competentes intervenir cuando se impida el libre tránsito de la ciudadanía.