El 41.8 por ciento de las mujeres de San Luis Potosí reportó haber vivido violencia por parte de su pareja actual o última, mientras que 68.6 por ciento de las potosinas de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida. Ante este panorama, la Red Libres llamó a fortalecer la atención institucional para que las mujeres no enfrenten solas las consecuencias de las agresiones, incluso después de obtener una resolución judicial.
Durante un posicionamiento encabezado por la doctora Mariana Juárez Moreno y la maestra Mónica Reynoso Morales, la organización advirtió que la violencia no termina necesariamente con una denuncia, una separación o una sentencia, pues las víctimas pueden continuar expuestas a condiciones de miedo, dependencia económica, aislamiento y afectaciones emocionales que dificultan sostener la decisión de alejarse de sus agresores.
Las cifras expuestas por la Red Libres, con base en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones Sociales (ENDIREH) del INEGI, muestran que la problemática afecta a una proporción considerable de mujeres. A nivel nacional, 70.1 por ciento de las mujeres de 15 años y más ha experimentado alguna situación de violencia a lo largo de su vida.
En el ámbito de las relaciones de pareja en San Luis Potosí, la violencia psicológica fue la más frecuente, con 37.2 por ciento de las mujeres, de acuerdo con los datos citados durante el posicionamiento.
Para la organización, estos porcentajes obligan a ampliar la discusión sobre las respuestas institucionales, pues las estadísticas no reflejan por sí solas las dificultades que enfrentan las mujeres para salir de una relación violenta, recuperar su autonomía o reconstruir sus redes familiares y sociales.
La Red Libres cuestionó que la atención social se concentre en preguntar por qué una mujer no denuncia, retira una denuncia o regresa con su pareja, sin considerar las condiciones que atraviesa ni las alternativas reales con las que cuenta para mantenerse fuera de un entorno violento.
– Una sentencia no garantiza que termine la violencia
La organización reconoció que las decisiones judiciales son indispensables para proteger derechos y establecer responsabilidades. Las órdenes de protección pueden contribuir a salvaguardar la integridad de las víctimas; las medidas cautelares permiten adoptar acciones de protección, y las resoluciones sobre pensiones alimenticias, guardia y custodia y convivencia pueden ser determinantes para la vida de las mujeres y sus hijas e hijos.
Sin embargo, advirtió que estas medidas no resuelven automáticamente las consecuencias de la violencia ni garantizan que las víctimas cuenten con los recursos necesarios para reorganizar su vida.
“Una resolución puede terminar un expediente sin terminar con la violencia”, señaló la organización.
Desde esta perspectiva, Red Libres planteó que la intervención de las autoridades debe contemplar también las necesidades posteriores a los procesos judiciales, mediante atención psicológica especializada, acompañamiento jurídico, atención médica y apoyo psicosocial. En los casos que lo requieran, agregó, también deben existir alternativas de refugio, protección y fortalecimiento de la autonomía económica.
La organización precisó que esta propuesta no busca sustituir la justicia por atención terapéutica, sino evitar que la conclusión de un procedimiento se confunda con la resolución de todas las circunstancias que mantienen a una mujer en una situación de vulnerabilidad.
– Regresar con el agresor no elimina el derecho a recibir ayuda
Otro de los puntos abordados fue la necesidad de evitar que las mujeres sean juzgadas cuando vuelven con una pareja que ha ejercido violencia o cuando, después de intentar alejarse, necesitan nuevamente protección.
Mónica Reynoso Morales sostuvo que estos procesos no siempre siguen una trayectoria lineal y que una mujer puede atravesar separaciones, denuncias, reconciliaciones y nuevos intentos por salir de una relación violenta.
“Regresar no significa automáticamente que la violencia nunca ocurrió o que no seguirá ocurriendo, que la ayuda recibida fue desperdiciada o que quienes acompañaron fracasaron”, afirmó.
La representante de Red Libres señaló que las redes de apoyo deben mantenerse disponibles sin imponer decisiones ni condicionar la ayuda a que las mujeres actúen de la manera que otras personas consideran correcta.
“Una red de apoyo empática no existe solamente cuando las mujeres toman las decisiones que esperamos de ellas. Una red permanece disponible cuando vuelvan a necesitarla”, expresó.
El planteamiento parte de reconocer que el miedo, la dependencia económica, el aislamiento y las responsabilidades familiares pueden influir en las decisiones de las víctimas. Por ello, la organización pidió ofrecer herramientas e información que les permitan tomar decisiones con mayor seguridad, en lugar de responsabilizarlas por las dificultades para romper definitivamente con una relación violenta.
– Piden programas para quienes ejercen violencia y atención a las infancias
La Red Libres también sostuvo que las acciones institucionales deben incluir a quienes ejercen las agresiones, mediante programas de responsabilización y reeducación que no sustituyan las obligaciones legales ni las sanciones que correspondan.
Reynoso Morales advirtió que la responsabilidad de detener las violencias no puede recaer únicamente en las mujeres que las enfrentan, por lo que consideró necesario que las instituciones desarrollen respuestas dirigidas también a prevenir la repetición de estas conductas.
La organización agregó que, cuando existen niñas, niños y adolescentes involucrados, las autoridades deben valorar el impacto de las dinámicas violentas en su vida y desarrollo, aun cuando las agresiones no se dirijan directamente contra ellos.
Esto implica incorporar sus necesidades de seguridad y protección en las decisiones institucionales, así como garantizar su derecho a crecer en entornos libres de violencia.
Entre las propuestas presentadas se encuentran el seguimiento interdisciplinario después de las resoluciones judiciales, cuando sea necesario; el acceso a atención psicológica especializada y con perspectiva de género; el fortalecimiento de las redes de acompañamiento jurídico, médico y psicosocial, y la disponibilidad de medidas de protección que respondan a las circunstancias particulares de cada caso.
La Red Libres sostuvo que los porcentajes de violencia registrados en el país y en San Luis Potosí deben traducirse en respuestas que no se limiten a recibir denuncias o emitir sentencias, sino que permitan atender las consecuencias de las agresiones y construir condiciones para que las mujeres puedan recuperar su autonomía.
El llamado de la organización es a modificar la pregunta social e institucional: en lugar de centrarse únicamente en por qué una mujer permanece o regresa con su agresor, identificar qué apoyos, recursos y condiciones de seguridad necesita para salir de la violencia y sostener esa decisión