El diputado Héctor Serrano Cortés, coordinador de la bancada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de San Luis Potosí, consideró que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que reconoció la validez de la reforma electoral estatal y de las evaluaciones voluntarias de control de confianza para aspirantes a cargos de elección popular, forma parte de un proceso institucional para fortalecer la legislación local.
Luego de que el Pleno de la SCJN resolviera las acciones de inconstitucionalidad 94/2026 y su acumulada 98/2026, promovidas contra el Decreto 0571, Serrano sostuvo que las impugnaciones a las reformas legislativas no deben interpretarse como un motivo de confrontación, sino como mecanismos para revisar la constitucionalidad de las decisiones tomadas por el Congreso.
“Me parece que en lo institucional también debía de ser así. Un poco nos debe de preocupar las impugnaciones o los actos inconstitucionales que se promuevan ante la Corte”, expresó.
El legislador agregó que la intervención del máximo tribunal permite dar mayor solidez a las disposiciones aprobadas por el Poder Legislativo, independientemente de que el resultado favorezca o no a quienes impulsaron las reformas.
“Qué bueno que se vaya fortaleciendo nuestra legislación a través de las opiniones de la primera Corte”, señaló.
La resolución de la SCJN, emitida el 3 de noviembre, reconoció la validez del Decreto 0571, por lo que permanecen vigentes las disposiciones que permiten a las personas aspirantes a una candidatura someterse voluntariamente a evaluaciones de control de confianza. El apartado relativo a estos mecanismos fue aprobado por cinco votos contra cuatro.
La controversia surgió después de que el Partido Somos México y el Poder Ejecutivo Federal promovieran acciones de inconstitucionalidad contra la reforma electoral potosina, al cuestionar, entre otros aspectos, que la legislación local incorporara mecanismos de evaluación de control de confianza para candidaturas y señalar posibles invasiones a competencias federales.
Uno de los antecedentes de esta discusión fue la iniciativa presentada en mayo por el propio Serrano Cortés, quien inicialmente planteó establecer una certificación de integridad y confiabilidad como requisito para quienes buscaran una candidatura, mediante evaluaciones aplicadas por el Centro de Evaluación y Control de Confianza del Estado.
Sin embargo, en la reforma finalmente aprobada por el Congreso el 23 de junio y publicada el 29 de junio de 2026, las evaluaciones quedaron como una decisión voluntaria, sin que su realización fuera una condición para obtener el registro de una candidatura o un requisito de elegibilidad.
Al defender la importancia de estos mecanismos, Serrano recordó que cuando se desempeñó como secretario general de Gobierno de la Ciudad de México se sometió a una certificación ante el entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), pese a que pertenecía a una administración emanada del PRD y la evaluación correspondía a una institución federal durante un gobierno panista.
A partir de esa experiencia, sostuvo que los controles institucionales pueden aportar elementos adicionales para conocer la confiabilidad de quienes ocupan responsabilidades públicas.
“Es importante saber que en todos los sentidos estés totalmente blindado como ciudadano y que la persona que eliges no sea únicamente a través de la visibilidad mediática o la promoción personal, sino que sepas que cumple con los requisitos necesarios para ser una persona confiable al momento de tomar decisiones gubernamentales”, afirmó.
La reforma también incluyó modificaciones a la integración de los ayuntamientos, con la reducción de dos a una sindicatura, además de disposiciones sobre el registro de candidaturas y otros aspectos de la organización electoral.