Ruth Reyna Rosas se manifestó este martes frente a las instalaciones centrales de la Fiscalía General del Estado (FGE), en San Luis Potosí, para exigir avances en las denuncias que presentó por violencia familiar y amenazas contra su expareja. Entre sus demandas está que se sustituya al agente del Ministerio Público Abel Almanza Villanueva, a quien responsabiliza de que una de las investigaciones no haya avanzado debido a sus inasistencias a las audiencias programadas en Rioverde.
La mujer acudió por primera vez a la sede de la Fiscalía en la capital potosina, después de haberse manifestado anteriormente en Rioverde para visibilizar su caso. Explicó que ha tenido que insistir ante distintas autoridades para conocer el estado de sus expedientes y evitar que permanezcan detenidos. Su exigencia ahora es que otro agente del Ministerio Público se haga cargo de la carpeta 2722/2024 y dé continuidad al procedimiento.
En ese expediente, judicializado por el propio Abel Almanza Villanueva, se han programado tres audiencias: la del 27 de julio de 2026 no se realizó por la inasistencia del Ministerio Público; la del 6 de octubre se suspendió porque no acudió el imputado, y la del 6 de noviembre volvió a cancelarse por la ausencia del mismo funcionario. El asunto quedó registrado como expedientillo 167/2026 ante el Centro Integral de Justicia Penal de Rioverde y tiene como nueva fecha el 11 de diciembre, a las 9:00 horas.
Ruth pidió que la fiscal general, María Manuela García Cázares; el vicefiscal, Rubén González, o el titular de la Fiscalía de Municipios, Christian Ulises Sánchez, designen a un agente de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales para que acuda a esa audiencia y asuma el seguimiento del caso. Considera que las ausencias del representante de la institución han prolongado un proceso en el que ella ha tenido que insistir reiteradamente para obtener respuesta.
La carpeta 2722/2024 es una de las dos investigaciones que inició en 2024 contra su expareja por violencia familiar y amenazas. La otra, identificada con el número 1261/2024, corresponde a hechos ocurridos el 18 de febrero de ese año, cuando, según su denuncia, el hombre la apuntó con un arma de fuego mientras ella estaba en una habitación. El caso derivó en la causa penal 115/2026, en la que el imputado fue vinculado a proceso y está por concluir el periodo de investigación complementaria. El Ministerio Público responsable es Aarón Salvador Monroy Muñiz.
Durante su manifestación, Ruth también expuso que la violencia y las amenazas han tenido consecuencias en su vida cotidiana y en la crianza de su hijo, quien actualmente tiene dos años y diez meses. Relató que su expareja la amenazaba con quitarle al niño desde que estaba embarazada y que, cuando el menor tenía menos de dos meses de nacido, presuntamente los amenazó a ambos con un arma.
Aunque cuenta con medidas de protección en el ámbito familiar y dentro de la investigación penal, dijo que no ha recuperado la tranquilidad. “Me dicen que no me va a hacer nada, que ellos están ahí para protegerme, pero la realidad es que no me han protegido”, expresó. Aseguró que ha limitado sus salidas al trabajo y a su domicilio, pues teme que su expareja intente acercarse o llevarse al niño.
También señaló que ha procurado mantener distancia y no tener contacto con él, pero que recibe mensajes y amenazas a través de terceras personas. Afirmó que ha entregado grabaciones a las autoridades, aunque, según su testimonio, le han dicho que esos mensajes no constituyen amenazas. Cuestionó además que, pese a sus señalamientos sobre la posesión de armas, no se hayan retirado ni verificado su procedencia.
Otro de los aspectos que expuso fue que su expareja se presenta como policía de investigación de la Fiscalía, aunque no pertenece oficialmente a la institución. Ruth explicó que es empresario de una compañía de seguridad privada y afirmó que mantiene amistades y compromisos con personas vinculadas a la Fiscalía en Rioverde y en la capital potosina. Considera que esa situación ha contribuido a la intimidación que enfrenta.
La denunciante también cuestionó las decisiones tomadas en torno a las convivencias entre el padre y su hijo, pues aseguró que se autorizaron pese a los antecedentes de violencia que había señalado. Por ello, promovió un amparo para solicitar que los encuentros se suspendan mientras se resuelve el procedimiento penal y se determina que el menor puede estar seguro. Dijo que no poder salir libremente con él ni realizar actividades cotidianas por temor también afecta el entorno en el que crece.
Ruth recordó que antes de hacer público el caso en la capital ya había acudido a la Fiscalía en Rioverde para pedir información sobre sus investigaciones. Aseguró que durante un periodo una de las carpetas permaneció sin movimiento y que incluso encontró una propuesta de no ejercicio de la acción penal sobre el escritorio del entonces delegado de la institución. Según su relato, después de insistir y exponer públicamente lo ocurrido comenzaron a registrarse avances.
Al hablar del efecto que los retrasos y la falta de protección han tenido en su vida, resumió: “He dejado de vivir mi vida”. Su exigencia ante la Fiscalía es que las denuncias no sigan dependiendo de sus constantes visitas y reclamos, que se garantice la continuidad de las investigaciones y que la audiencia de diciembre pueda realizarse con un Ministerio Público que asuma efectivamente la representación de la institución.