La Arquidiócesis expresó solidaridad con las víctimas y sus familias, además de comprometerse a entregar la información que requieran las autoridades por las ocho carpetas de investigación relacionadas con hechos denunciados en una capilla de Prados 2da Sección.
Tras la detención de José Pompeyo N., quien enfrenta ocho carpetas de investigación por presuntos abusos sexuales contra menores de edad durante el periodo en que se desempeñó como sacristán de la capilla Santa María de Guadalupe y San Pedro, en Prados Segunda Sección, la Arquidiócesis de San Luis Potosí aseguró que colaborará con la Fiscalía General del Estado (FGE) y entregará la información que le sea requerida para el desarrollo de las investigaciones.
A través de un comunicado emitido este 20 de noviembre, y leído por el canciller de la Arquidiócesis, Jorge Aurelio Ramírez Torres, la Iglesia potosina expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias, además de reconocer el valor de las madres que hicieron públicos los señalamientos contra el exsacristán.
En el posicionamiento, firmado por el arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, la institución religiosa condenó cualquier forma de abuso sexual, de poder, de conciencia y espiritual, particularmente cuando las víctimas son niñas, niños, adolescentes o personas en situación de vulnerabilidad.
«Nos duele profundamente que los hechos denunciados se sitúen en un espacio de nuestra iglesia. Las familias deberían poder confiar en que nuestros templos y capillas son lugares seguros», señala el documento.
Asimismo, la Arquidiócesis manifestó que dará seguimiento a las actuaciones relacionadas con el caso, tanto al interior de la institución como por parte de las autoridades ministeriales, y aseguró que proporcionará directamente a la Fiscalía los elementos que le solicite, con el propósito de que el proceso se desarrolle con profesionalismo y respeto a la privacidad de las personas involucradas.
Al respecto, el vocero del Arzobispado, Tomás Cruz Perales, señaló que tanto el arzobispo como los sacerdotes y responsables de templos y capillas tienen la obligación de mantenerse a disposición de las autoridades para atender cualquier requerimiento relacionado con las investigaciones.
“El hecho de que se avale este comunicado, y que lo estemos leyendo aquí frente a ustedes, y que esté propiamente avalado, porque se den cuenta, ha habido comunicación con el señor arzobispo, repito, el señor arzobispo es pastor, no está aquí en las oficinas de tiempo completo, él tiene que ir a visita pastoral, en este día le tocó ir a Matehuala, por lo tanto, este documento está avalado por la firma, y el conocimiento, y sobre todo también, por su propia persona, porque al final de cuenta, él lo leyó, o sea, estamos en comunicación constante, yo creo que en ese sentido, es parte, más bien, es el responsable primero de este comunicado que estamos haciendo”, declaró el vocero, negando que la iglesia se esté deslindando de los casos.
En el comunicado también reconocieron la necesidad de fortalecer los mecanismos internos de prevención y atención de posibles abusos, por lo que la institución anunció que reforzará sus protocolos y las acciones de formación dirigidas a quienes mantienen contacto directo con menores de edad y personas vulnerables.
Entre estas medidas se encuentran talleres para la creación de ambientes seguros, así como la supervisión de actividades pastorales y la implementación de mecanismos para que cualquier persona pueda identificar a quién acudir y cómo reportar situaciones de riesgo.
Por su parte, Lucila Olguín Segura, integrante de la Comisión Diocesana de Protección a Menores y Personas Vulnerables y encargada de la oficina de recepción de denuncias, reiteró el llamado a quienes requieran presentar algún señalamiento ante la instancia eclesiástica y reconoció que otras madres también se han acercado, luego de las 8 carpetas de investigación que están en la Fiscalía.


