Jóvenes que participaron en el Programa de “Cultura Legislativa” presentaron al Congreso del Estado iniciativas para reformar disposiciones de la Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado de San Luis Potosí, y la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, como parte de las acciones de Parlamento Abierto.
Estas iniciativas fueron presentadas por estudiantes de la Preparatoria Tec de Monterrey, del programa bicultural y multicultural, cursando el cuarto semestre y como parte del derecho ciudadano para presentar iniciativas de reforma a las leyes locales, las cuales serán turnadas a las respetivas comisiones legislativas para iniciar su análisis.
Una de las iniciativa de reforma es a la Ley de Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad, para añadir un párrafo al artículo 55, y requerir que las industrias establecidas documenten y declaren trimestralmente, de manera abierta: los humos, gases, vapores, polvos, olores, ruidos, energía térmica y lumínica, vibraciones y residuos sólidos producidos, además del lugar y fecha de su deshecho.
Este añadido tiene como propósito expreso de mantener al ciudadano y a las autoridades informadas del impacto que tienen dichas industrias en el entorno, además de determinar el nivel de impacto de dichas industrias en el ambiente.
La iniciativa de reforma a la Ley Ambiental del Estado, propone reformar el artículo 13 añadiendo un noveno numeral, para establecer la incorporación de un organismo de gobierno que designe el porcentaje de energía proveniente de fuentes renovable y aguas tratadas, hacia empresas con grandes usos de energía eléctrica y agua, cuyo porcentaje variaría dependiendo de los procesos industriales, energéticos y químicos que requieran, al igual que con los ingresos y capacidad económica con la que cuentan.
Con esto se busca que las empresas que realizan una variedad de procesos industriales y que emplean agua y energía eléctrica como recurso esencial, tengan que emplear energías renovables y aguas residuales antes tratadas, estas últimas verificadas, aprobadas, y analizadas por organismos de gobierno que afirmaran si son adecuadas y aptas para estos procesos sin que esto represente riesgo o daño para los ciudadanos potosinos, considerando que el empleo de estas aguas solo representa un porcentaje, pero buscando que estas constituyan la mayoría del consumo de agua.