La desaparición de Daniela Martell, conductora de una plataforma digital, ha puesto en evidencia la extrema vulnerabilidad que enfrentan los trabajadores de aplicaciones de transporte en el estado.
Daniela fue vista por última vez el pasado 6 de enero, un caso que no solo conmociona a la sociedad potosina, sino que también reaviva el debate sobre la falta de regulación y protección laboral para quienes operan en este sector.
La titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en San Luis Potosí, Araceli Martínez Acosta, destacó que las empresas de transporte por aplicación no cumplen con la normativa estatal ni con las disposiciones de la reforma reciente a la Ley Federal del Trabajo, que obliga a estas plataformas a garantizar derechos laborales a sus trabajadores. “Estos conductores están trabajando en la completa informalidad, sin seguridad social, sin contratos legales y sin garantías de seguridad personal o económica. Esto los deja expuestos a riesgos graves, como lo demuestra el caso de Daniela”, señaló.
El decreto publicado en diciembre establece que las plataformas tienen 180 días para implementar medidas como la inscripción de sus trabajadores en el seguro social, la firma de contratos formales y la garantía de prestaciones de ley. Sin embargo, Martínez Acosta denunció que las empresas no han dado señales de avance en este sentido, manteniendo a los conductores en una situación precaria.
La informalidad de este sector afecta no solo a los operadores, sino también a los usuarios. Según la SCT, los vehículos en estas plataformas suelen carecer de seguros para pasajeros y los conductores no pasan por los exámenes psicométricos y psicotrópicos que la ley estatal exige para brindar un transporte seguro. “Es un riesgo evidente. Las plataformas están funcionando sin supervisión ni controles, dejando a los conductores y pasajeros completamente desprotegidos”, afirmó.
En el contexto de la desaparición de Daniela Martell, la funcionaria criticó duramente la falta de responsabilidad de las empresas. “Estas plataformas están convocando a ciudadanos para trabajar bajo condiciones irregulares e ilegales. Sin un registro formal ni mecanismos de protección, no hay forma de garantizar su seguridad ni su derecho a un trabajo digno”, enfatizó.
Martínez Acosta también destacó que el incumplimiento de las plataformas no es un problema exclusivo de San Luis Potosí, sino una práctica extendida que refleja la resistencia de estas empresas a adaptarse a la legalidad. “El llamado es claro: las empresas deben cumplir tanto con la reforma federal como con las leyes estatales para garantizar que los conductores trabajen con derechos plenos y en condiciones de seguridad”, dijo.