La organización Ciudadanos Observando realizó una investigación en la que expone la adquisición de una serie de vehículos con recurso público, que terminan por ser propiedad de funcionarios para uso personal.
Guadalupe González, vocero de la organización Ciudadanos Observando, denunció la adquisición irregular de una flotilla vehicular por parte del Ayuntamiento de la capital potosina, situación que informó detectaron a través de una investigación realizada por la organización, a raíz del choque que protagonizó Fernando Chávez Méndez el Secretario General del Ayuntamiento, presuntamente bajo los efectos del alcohol.
Guadalupe González, dijo que a raíz del siniestro vial de Chávez Méndez, al realizar una investigación desde la organización, sobre el vehículo que conducía el actual funcionario municipal, correspondiente a una pick-up JAC Friston GML con matrícula TL 4869H, detectaron diversas irregularidades que llevarían a sanciones.
Entre las anomalías señalaron que la unidad forma parte de una flotilla de vehículos arrendados a la empresa Casanova Vallejo la cual fue sancionada por la Secretaría de la Función Pública en septiembre de 2022, mismo m mes, en que se firmó el contrato de arrendamiento DAAS/163/2022, con el Ayuntamiento de 42 vehículos, por un total de 27.6 millones de pesos en un acuerdo de 24 meses (del 19 de septiembre de 2022 al 10 de septiembre de 2024).
Sin embargo, expusieron que los sobrecostos de los vehículos alcanzaron hasta el 57 por ciento, por encima de su valor real, lo que representa un daño patrimonial estimado en 15 millones de pesos al recurso público, refirió el vocero de Ciudadanos Observando.
Sobre la información anterior cuestionó: “Si el contrato de arrendamiento finalizó en septiembre del 2024, ¿por qué Fernando Chávez seguía manejando una de estas unidades meses después? El director de comunicación social del ayuntamiento nos informó, que el oficial mayor a su vez le detalló, que al concluir el contrato se había pagado un peso por cada una de las 42 unidades arrendadas y serían propiedad del ayuntamiento”.
Guadalupe González entre la información acusó que la camioneta mencionada con placas TL 4869H, circulaba con placas sobrepuestas y estuvo involucrada en diversos movimientos administrativos que muestran inconsistencias graves en la documentación, pues explicó que para su alta vehicular el 15 de noviembre de 2022, utilizaron un INE con domicilio en Ciudad de México a nombre de Pedro Victor Trejo García, de quien aparece la dirección en el comprobante de domicilio de la CFE, pero ahora en la ciudad de San Luis Potosí con la misma calle y número.
Lo que apuntó el denunciante, presume un comprobante apócrifo y un delito, pues dijo que tienen registros de que el trámite, “sospechosamente” fue realizado en la oficina recaudadora en el municipio de Rayón, donde fue autorizado el trámite pese a la discrepancia en la documentación y posteriormente, el 22 de noviembre se realizó el cambio de propietario. El trámite, autorizado por el síndico municipal Víctor Hugo Salgado.
Sin embargo aseguró que en la autenticidad de la credencial del INE, el resultado arroja que no está registrada en la base oficial del instituto, lo que González dijo que indica que la identidad del síndico pudo no ser verificada correctamente o que se usó un documento no válido y que el cambio de propietario permitió la continuidad del uso del vehículo sin que las autoridades detectaran las inconsistencias.
El la cronología presentada, marcaron también que el 6 de diciembre del 2024, tres meses después de haber terminado con el contrato de arrendamiento, se realizó la baja de placas de la camioneta, sin embargo para conseguir la baja, en lugar de presentar un acta de extravío, fue entregada una constancia de recepción de denuncia con fecha del 5 de diciembre del 2024 en Tlalnepantla, Estado de México, donde se asegura que tres días antes les fueron robadas las placas y la tarjeta de circulación.
Otro aspecto que cuestionaron fue el que el tramite para la baja de placas, estuviera registrado en la oficina de Avenida Muñoz, una recaudadora exclusiva de transporte público (taxis y camiones).
“No olvidemos que, en su momento, la misma SCT denunció corrupción y coyotaje en esa recaudadora, al amparo de la titular de oficina, quien presuntamente se pudo haber coludido con el exsecretario de la SCT, Fernando Chávez para realizar trámites no permitidos”, apuntó el vocero.
Finalmente concluyeron que el procedimiento facilitó el uso fraudulento de placas sobrepuestas, lo que llevó a que la camioneta involucrada en el accidente circulara con placas que no le correspondían y muestra una situación que se vive al interior de la administración actual.
“¿Dónde están las demás unidades relacionadas con el contrato de arrendamiento ya mencionado? ¿Cuántos altos mandos del ayuntamiento las están usando y cual es el estatus legal de estos vehículos? ¿Realmente costaron un peso como lo aseguró el encargado de comunicación? ¿O entregar estas unidades realmente sin costo es parte del sucio acuerdo por haber beneficiado a Casanova Vallejo y haber autorizado los sobreprecios?”, concluyó inconforme Guadalupe González.