“El maestro me quiere mucho”, dijo una niña de segundo de primaria cuando su madre le preguntó sobre lo que le había estado pasando en la escuela. No lo veía como algo malo.
Todo comenzó cuando un estudio del DIF estatal alertó que la menor presentaba signos de haber vivido situaciones que ponían en riesgo su bienestar, al haber reconocido ser víctima de abuso sexual infantil. Cuando su familia la cuestionó, mencionó al maestro de computación, Ezequiel, como la persona involucrada. Y quien desde hace tiempo le
Tocaba indebidamente.
Otras madres empezaron a hablar y se supo que no era la única estudiante afectada en la escuela Genovevo Rivas Guillén, del SEER, en el barrio de San Miguelito.
Pero en lugar de apoyo, la niña fue presionada. La escuela le hizo firmar un documento en el que la describían como “niña precoz” y se insinuaba que su situación familiar podía influir en su testimonio. “Dijeron que esas niñas inventan cosas porque tienen problemas en casa”, relató la madre, indignada.
Lejos de proteger a las menores, la escuela minimizó la denuncia y pidió discreción. El maestro solo fue separado temporalmente del cargo.
“Mi hija no entiende que lo que pasó no está bien, porque le hicieron creer que era normal”, explicó la madre.
Ante la falta de respuestas, varias familias acudieron directamente a la Fiscalía para interponer denuncias. “No se trata solo del maestro, sino de quienes quisieron callarlas”, señalaron.
Añadieron que también buscan, la de la directora y la subdirectora de la institución, a quienes acusa de encubrimiento y revictimización.
“Nos preocupa que sigan en la escuela. No confiamos en ellos. Si no protegieron a mi nieta, ¿cómo van a proteger a otros niños?”, expresó la abuela, quien ha acompañado a su hija en la lucha legal.
La familia denuncia que la escuela no actuó de inmediato y, en su lugar, intentó restar importancia a lo ocurrido. En lugar de apoyo, la menor fue obligada a firmar un documento en el que se insinuaba que su testimonio no era confiable. “La hicieron firmar algo sin nuestro consentimiento, como si ella fuera la responsable”, lamentó la madre.
A pesar de la angustia, madre y abuela han decidido no callarse. Han acudido a la Fiscalía junto con otras familias y exigen que no solo se investigue al maestro, sino también a las autoridades escolares que intentaron ocultar la situación.
“Queremos justicia, pero también queremos garantías. ¿Cómo vamos a mandar a nuestras hijas a una escuela donde protegen a los agresores?”, cuestionó la abuela.
La familia ha exigido que tanto el maestro como las autoridades escolares sean retirados de sus cargos mientras avanza la investigación. “No podemos permitir que esto se quede en el olvido. No vamos a parar hasta que se haga justicia”, concluyó la madre.