San Luis Potosí es una de las entidades con alta incidencia en el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes (NNA) por parte de grupos delictivos, según el estudio Mecanismo Estratégico del Reclutamiento y Utilización de NNA, elaborado por la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración. Este fenómeno responde a una combinación de factores que generan condiciones propicias para que los menores sean captados y utilizados en actividades ilícitas. Entre las principales causas se encuentran factores comunitarios, como la falta de oportunidades, el alto desempleo, la presencia de economías ilícitas y la influencia del crimen organizado en ciertas zonas. También influyen factores sociales y culturales, como la descomposición del tejido social, la desigualdad económica y de género, la discriminación y la falta de un Estado de derecho sólido. A nivel individual, los menores en situación de vulnerabilidad pueden presentar antecedentes de maltrato infantil, problemas psicosociales, bajo nivel educativo, adicciones y embarazo adolescente, lo que los hace más propensos a ser reclutados.
Los grupos delictivos utilizan distintos métodos para captar a menores, aprovechando tanto la precariedad económica como la falta de vigilancia institucional. Algunas de las estrategias más comunes incluyen invitaciones a través de redes sociales y videojuegos, falsas promesas de empleo o ingresos, e incluso amenazas directas o indirectas a las familias de los menores. Una vez dentro de estas organizaciones, los NNA pueden ser obligados a desempeñar diversas actividades ilícitas, que van desde funciones aparentemente menores, como la vigilancia de casas de seguridad o el halconeo, hasta tareas de mayor peligrosidad, como el narcomenudeo, el sicariato, el secuestro y la desaparición de cuerpos.
A pesar de la gravedad del problema, el informe destaca que México aún no ha tipificado específicamente el reclutamiento de menores en su Código Penal Federal, lo que deja a muchas víctimas en una situación de vulnerabilidad jurídica. Además, la corrupción y la impunidad dificultan la detección y atención efectiva de los menores reclutados, lo que permite que esta práctica continúe sin consecuencias reales para los responsables. Ante este panorama, resulta urgente fortalecer las estrategias de prevención, mejorar la coordinación institucional y garantizar la protección de los derechos de la infancia en San Luis Potosí, con el objetivo de frenar el reclutamiento de menores y brindarles alternativas que les permitan desarrollarse fuera de los circuitos de la delincuencia organizada.