Mientras las estadísticas de violencia familiar y sexual en San Luis Potosí escalan a cifras alarmantes, el refugio Otra Oportunidad A.C., un un espacio de protección para cientos de mujeres y niños, que enfrentan casos de violencia, se encuentra sl borde no poderse sostener por mucho tiempo más.
Durante cuatro largos meses, la promesa de recursos del ejercicio fiscal 2025, que comprenden su mecanismo de operación
se ha evaporado en la burocracia de una transición gubernamental.
Son 25 años en los que, Otra Oportunidad ha suplido las carencias del sistema, y brindando un hogar a 119 familias tan solo en lo que va de este año.
Mujeres y niños que escapan de la barbarie encuentran aquí un respiro. Sin embargo, esta labor esencial se ve amenazada por una negligencia que clama por respuestas.
“Estamos operando en medio de una transición federal que ha dejado el programa en el limbo”, denuncia con justa indignación Elizabeth Rapp Saint Martin, directora del refugio. “Llevamos cuatro meses sin que se resuelva la entrega de recursos. Y no podemos cerrar, aquí hay vidas que necesitan apoyo todos los días”. Sus palabras no son una súplica; es la preocupación del riesgo en el que se pondría la integridad de quienes han encontrado aquí una salida de la violencia.
La reestructuración gubernamental, con el traslado de funciones de la CONAVIM a la nueva Secretaría de las Mujeres, se ha convertido en un laberinto burocrático que estrangula financieramente al Programa de Apoyo a Refugios Especializados. Esta parálisis administrativa exhibe una alarmante desconexión entre las prioridades, como lo es el crear espacios para la seguridad de mujeres violentadas.
La paciencia de quienes sostienen Otra Oportunidad mantiene el trabajo, por ahora. “Entendemos que las transiciones son difíciles, pero esto no puede esperar”, enfatiza Rapp. “No es un voluntariado, es un trabajo especializado, con personal certificado, que requiere continuidad”. La estoica dedicación de psicólogas, médicas, abogadas y cuidadoras, quienes continúan su labor sin salario ante 2,471 carpetas de investigación por violencia familiar, 176 por abuso sexual y 83 por acoso tan solo en los primeros cuatro meses del año en San Luis Potosí.
La directora remarcó la necesidad de que las autoridades estatales y municipales, se unan y brinden apoyo para sostener sostener estos espacios vitales.
“La atención a mujeres es prioridad , pero mientras estos refugios están al borde del cierre”, sentencia Rapp, quien espera que en estos próximos días el gobierno federal dé claridad ante las dilaciones presupuestales y así, seguir brindando este espacio a mujeres e infancias, seguir salvando vidas.