Del total de mujeres desaparecidas que acompaña el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros A.C. en San Luis Potosí, al menos un 30% eran madres de familia al momento de su desaparición. Esta situación ha generado una serie de afectaciones graves para sus hijas e hijos, quienes quedan en el desamparo legal, sin acceso a apoyos institucionales y con secuelas emocionales profundas.
De acuerdo con Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo, esta cifra representa un impacto que ha sido poco visibilizado por las autoridades. “Hay muchos casos donde los niños eran muy pequeños cuando desaparecieron sus madres. Algunos apenas ahora están creciendo y se están dando cuenta de la ausencia. Sabemos que en el futuro serán ellos quienes se unan a la búsqueda”, explica.
La desaparición de una madre de familia no solo significa la pérdida de una figura de cuidado, también desencadena una serie de obstáculos legales que dificultan el acceso a derechos para sus hijos e hijas. Pérez Rodríguez relata casos donde las abuelas han tenido que iniciar procedimientos jurídicos como la Declaración Especial de Ausencia para poder hacerse cargo de sus nietos. Sin embargo, este documento muchas veces no es reconocido por instituciones como el DIF, quienes solicitan en su lugar una Presunción de Muerte, a pesar de que no se ha confirmado el fallecimiento de la persona. Hasta el momento el colectivo, ha llevado el acompañamiento de 20 trámites que han beneficiado a infancias en medio de la desaparición de sus madres.
Edith detalló la declaración de ausencia y la presunción de muerte son mecanismos jurídicos que permiten atender los casos en los que una persona ha desaparecido sin dejar rastro, y no existe confirmación de su fallecimiento. La primera, conocida como declaración de ausencia o ausencia simple, tiene como finalidad resguardar los derechos tanto de la persona desaparecida como de sus familiares durante el tiempo en que no se conoce su paradero. Por otro lado, la presunción de muerte —también llamada ausencia con presunción de fallecimiento— se aplica cuando ha transcurrido un periodo prolongado sin noticias del desaparecido, y la ley la equipara a una muerte efectiva para efectos legales y administrativos.
“Una compañera cuya hija desapareció desde 2010 apenas el año pasado pudo registrar a sus nietas. Fue hasta que se aceptó la presunción de muerte que pudo garantizarles una pensión. Ella decía que no podía morirse sin dejarles algo a sus niñas, la mayor tenía 12 años”, relata Pérez Rodríguez.
La falta de respuestas institucionales es una constante. Voz y Dignidad ha documentado cómo no existen actualmente programas sociales específicos dirigidos a hijas e hijos de personas desaparecidas. Tampoco hay apoyos económicos dirigidos a las familias que deben asumir su crianza. Algunas mujeres que buscan a sus hijas también tienen que cuidar a los hijos de ellas, en medio de condiciones económicas precarias.
“Desde hace años hemos preguntado a CEEA , al DIF, a todas las instancias, pero no hay un solo programa para estas infancias. Hay compañeras que tienen que trabajar todo el día para darles de comer a sus nietos, que no pueden ir a audiencias o recuperar propiedades porque si faltan un día pierden el ingreso del día”, afirma.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su documento “Apuntes sobre desaparición de personas”, ha advertido sobre el impacto transgeneracional que produce la desaparición. Señala que los hijos e hijas de personas desaparecidas enfrentan afectaciones emocionales severas como ansiedad, depresión e incluso tendencias suicidas, además de quedar en situaciones jurídicas inciertas y sin protección del Estado. El Comité contra la Desaparición Forzada ha expresado su preocupación por los daños sufridos por niñas, niños y adolescentes ante la falta de medidas de atención y reparación integral.
El abandono institucional ha obligado a muchas familias a organizarse por su cuenta. En algunos casos, las abuelas o tías que asumen el cuidado de los hijos de las desaparecidas deben cubrir gastos legales, médicos y escolares sin apoyo alguno. Algunas han vendido pertenencias o sus casas para financiar búsquedas o simplemente para sobrevivir.
“Los hombres muchas veces no están, los papás se fueron o nunca se hicieron cargo. La carga recae siempre en las mujeres que se quedan. Y cuando se va una madre, todo se descompone. Pero parece que eso nadie lo ve”, concluye Pérez Rodríguez.
Mientras el número de desapariciones sigue en aumento en el estado, con al menos 10 casos nuevos cada semana, según estimaciones del colectivo, los hijos e hijas de madres desaparecidas continúan creciendo en medio de la incertidumbre, sin justicia y sin el respaldo que el Estado debería garantizarles.