A casi nueve meses de que se presentó la primera denuncia por acoso escolar en el Instituto Hispano Inglés, ni la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), ni la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (SEGE) han ofrecido una solución al caso de un niño de 8 años que, según su madre, fue víctima de agresiones físicas, verbales y psicológicas dentro del plantel educativo.
Daniela Ramos, madre del menor, ha señalado en múltiples ocasiones que desde septiembre del año pasado su hijo ha sido objeto de violencia escolar sostenida, lo que derivó incluso en afectaciones físicas severas, como inflamación intestinal por estrés crónico, que culminó en una intervención quirúrgica.
Aunque el menor identificado como responsable directo de varias de las agresiones ya no se encuentra inscrito en el colegio —según la institución, fue dado de baja por decisión de sus padres—, el entorno escolar continúa siendo hostil para la víctima. De acuerdo con Ramos, docentes del plantel han llegado al punto de someter a su hijo a cuestionamientos diarios sobre su dinámica familiar, como una forma de buscar justificaciones al daño que presenta, lo que ha derivado en una nueva forma de revictimización.
Además, denunció que en su comparecencia ante la CEDH, la representación legal del Instituto negó haber sido notificada previamente sobre el caso y minimizó las agresiones, contradiciendo la documentación y evidencias que la familia ha presentado desde septiembre. Aunado a ello, se le atribuyó a la situación familiar del menor —como el divorcio de sus padres— la causa del malestar emocional que vive, desviando la atención del entorno escolar.
“Entregamos a un niño sano, feliz, y nos regresaron a uno enfermo, temeroso, que ya no quiere jugar fútbol, que solo quiere dormir”, denunció la madre, quien ha solicitado públicamente apoyo legal a la senadora Ruth González Silva para iniciar una demanda civil contra el Instituto Hispano Inglés, al no haber encontrado respaldo en ninguna institución pública hasta el momento.
Desde la Fiscalía se le sugirió acudir a la vía civil, ya que al tratarse de un menor de edad como presunto responsable de las agresiones, no puede iniciarse un proceso penal. Sin embargo, según Ramos, el niño agresor presentaba un patrón de conductas violentas en escuelas anteriores y portaba objetos como pistolas de juguete dentro del aula, lo que a su juicio evidencia un entorno escolar permisivo y negligente.
En febrero, madres y padres de familia realizaron una manifestación pacífica frente al colegio para visibilizar este y otros casos similares. Se estima que al menos 30 incidentes relacionados con violencia escolar han ocurrido en distintos niveles educativos del plantel, sin que hasta ahora se hayan tomado medidas correctivas reales.
La supervisora de la zona escolar 165, Luz María Montejano Villaseñor, acudió al colegio tras la manifestación, pero en lugar de ofrecer apoyo, reprendió a las familias por hacer pública la situación. Según la madre, incluso les pidieron “sacar todo lo que tuvieran del niño”, insinuando que su hijo podría ser el causante de los conflictos debido a su situación familiar.
“Las autoridades nos fallaron. El colegio mintió. Lo único que queremos es que se haga justicia y que reconozcan que hubo negligencia. Porque esto no solo es por mi hijo, es por todos los niños que siguen siendo silenciados”, concluyó Ramos.