En medio de un clima de incertidumbre legislativa y preocupación social, los datos duros en torno a las adicciones en San Luis Potosí han encendido las alarmas. Durante una manifestación realizada este jueves frente al Congreso del Estado, Saúl Montenegro Mendoza, especialista en adicciones y responsable de varios centros de rehabilitación, reveló cifras que muestran la gravedad del problema: más de 10,000 personas se encuentran actualmente internadas en los centros de rehabilitación del estado, mientras que el número total de personas con algún tipo de adicción podría superar las 40,000.
Montenegro, quien forma parte de un colectivo de centros de atención en adicciones, denunció que los 150 centros de rehabilitación activos en la entidad están operando a su máxima capacidad. “Todos están llenos. Estamos trabajando al límite, con cuotas de recuperación mínimas aportadas por las familias, muchas veces sin apoyo gubernamental”, señaló.
Según Montenegro, señaló que si el gobierno estatal reconoce que existen al menos 40,000 personas con problemas de adicción, y apenas 15,000 podrían estar recibiendo atención (en centros públicos), alrededor de 25,000 personas estarían actualmente fuera del sistema de atención, expuestas a riesgos sanitarios, violencia y marginación.
“La pregunta es: ¿dónde están? ¿Quién los está atendiendo? ¿Quién garantiza su derecho a la salud?”, cuestionó.
Los centros de rehabilitación en San Luis Potosí son en su mayoría iniciativas ciudadanas. Montenegro explicó que muchas veces se encargan de recoger a personas abandonadas por sus familias, sin recursos ni alternativas. “El Estado debería asumir esta responsabilidad, pero somos nosotros quienes damos la cara. No lo hacemos por dinero. Lo hacemos porque una vez alguien también nos ayudó a nosotros.”
El modelo actual, sin embargo, opera en una delgada línea legal. “Vivimos con un pie dentro de la cárcel. Esta iniciativa nos pone en riesgo, como si nuestro trabajo fuera un delito. Lo que debería hacerse es fortalecer y regular estos centros, no criminalizarlos”, argumentó.
Montenegro también abordó el problema de la reinserción social. Afirmó que, pese a los esfuerzos dentro de los centros —donde incluso se imparten niveles básicos de educación—, la mayoría de los egresados enfrenta discriminación y estigmatización. “Salen del centro y lo primero que escuchan es: ‘No lo juntes, acaba de salir del anexo’. Así no se puede hablar de reinserción”, lamentó.