La participación de menores de edad en actividades delictivas, particularmente en el narcomenudeo, es un fenómeno que se presenta con regularidad en las distintas regiones del estado. Así lo advirtió el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández, quien reconoció que este patrón se ha convertido en parte del panorama cotidiano para las corporaciones de seguridad.
“Constantemente nosotros tenemos más de 30 detenidos ya, entre ellos algunos menores, no es la mayoría, generalmente algunos cinco hacia abajo de menores que son detenidos por día por esta situación de venta de droga”, señaló Juárez Hernández, al confirmar que estos casos no se limitan a una sola zona geográfica.
El funcionario explicó que las detenciones de adolescentes se registran “en todo el estado, en las cuatro regiones ha habido detenciones de menores que, pues, se dedican a la venta de drogas como todos. No se les hace difícil”.
En cuanto a las edades, puntualizó que suelen ser jóvenes entre los 16 y 17 años. “No, pues varía entre hasta 16, 17 años”, dijo, y descartó que se tengan identificados casos recientes de menores de menor edad, aunque no lo descartó del todo.
Juárez Hernández subrayó que ante la detención de un menor, se debe garantizar el respeto a sus derechos humanos conforme a lo establecido por la ley: “Si es menor, se tiene que poner a disposición del Ministerio Público especializado en menores. Se le debe dar el trato con enfoque de menores, se les leen sus derechos, no solamente a los menores, también a los adultos”.
Además, advirtió que el no respetar estos procedimientos puede derivar en la liberación del detenido. “Si no se le explican, se va libre, o sea, estaríamos violando los derechos… Si un policía no le lee los derechos a cualquiera de ellos puede alcanzar su libertad”, dijo.
Sobre la vigilancia de organismos de derechos humanos, el secretario indicó que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) no ha emitido exhortos específicos, pero sí ha solicitado información en casos particulares: “No, ahí si hay alguna queja, lo que nos piden es informe pormenorizado. No exhorto. Si hay alguna queja, de inmediato nos piden información y nosotros estamos obligados a proporcionarla”.
Este fenómeno, que involucra a adolescentes en redes delictivas, representa un desafío creciente para las autoridades de seguridad en San Luis Potosí, tanto por el impacto social como por las implicaciones legales y de protección a los derechos de la niñez.