Este lunes, la señora Martha Erika Tapia Gone, quien laborada en la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de la Capital presentó ante el Congreso del Estado una denuncia de juicio político en contra del regidor del Ayuntamiento de San Luis Potosí, Jorge Alberto Zavala López, y de Jesús Becerra Rodríguez, regidor suplente y actual director de la Unidad de Gestión del Centro Histórico (UGCH), a quienes acusó de acoso laboral y actos de corrupción, así como de mal uso de recursos públicos.
En el documento entregado al Poder Legislativo, la denunciante citó en artículos de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Juicio Político, con el objetivo de que ambos funcionarios sean destituidos e inhabilitados para ocupar cargos públicos.
La denunciante aseguró que los funcionarios han ejercido abuso de poder y acoso laboral de manera sistemática, desde que el regidor se desempeñaba en el PRD, extendiéndose ahora en su papel dentro de la administración municipal actual y relató que los conflictos aumentaron cuando ella se negó a participar en lo que calificó como “malos usos dentro de los mercados de la capital”, donde según dijo, se le intentó obligar a firmar nominas irregulares que no le correspondían.
“El acoso laboral empezó a aumentar desde que yo no accedí a los malos usos que había en los mercados que hace Jesús Becerra y Liliana Armantina, empezó el acoso laboral donde ellos no querían participar, firmar ni hacerse el responsables, sino querían que una servidora hiciera los hechos y yo la verdad, yo no puedo hacer malos actos, ni malos usos de lo que no puedo hacer”, explicó.
En este sentido, Tapia Gone reiteró las acusaciones hacía los funcionarios de operar nóminas fantasma, incluyendo el caso de su propia hija, a quien la habrían inscrito como beneficiaria de un pago que nunca recibió, al igual que a otros trabajadores, quienes dijo por miedo no han denunciado estos actos en los que participan en contra de su voluntad, por la necesidad de mantener sus trabajos.
“Llegó una hoja de contraloría citando a mi hija sobre que presentara su declaración patrimonial. Cuando nosotros le dijimos al regidor Jorge Zavala que era un acto de corrupción el que utilizara nóminas porque no solo mi hija, sino varias personas más están en esas nóminas que son fraude, lo comentamos y él dijo que era un premio que le había dado el alcalde como bonificación; entonces, desde ahí ya es acto de corrupción”
“A mi hija nunca le dio nada porque en la tarjeta donde les depositaban las tenía el regidor, repito no es la única; ya fiscalización por medio del Gobierno del Estado y la Fiscalía, ya tienen toda la información y entonces vamos a que todo sea transparente, a que todo sea con legalidad…. “Sí hay más gente, pero la demás no quiere hablar por represalias y por miedo de perder su empleo”, agregó.
Durante su declaración, Tapia Gone señaló que el alcalde Enrique Galindo Ceballos ha sido omiso ante estas denuncias y criticó que mantenga a colaboradores como Liliana Zavala Armantina, hermana del regidor, a quien calificó como “aviadora”.
“Si los quiere mantener dentro de su administración, pague de su cartera y no con el dinero de los potosinos. Esto es una burla”, sostuvo.
También acusó falta de imparcialidad en la investigación que están realizando por parte de la Contraloría Municipal, ya que dijo, la titular del área es sobrina de la presidenta del DIF Municipal, Estela Arriaga Márquez, por lo que dijo que quien está al frente no puede actuar como “juez y parte”.
Con la denuncia presentada, Tapia Gone solicitó que el Congreso del Estado, a través de las comisiones correspondientes, analice el caso y determine la destitución e inhabilitación de Zavala y Becerra; así mismo llamó al regidor a asumir su responsabilidad como funcionario público y pedir licencia al cargo, mientras se encuentran en el proceso: “El objetivo es que se haga justicia, porque San Luis Potosí merece autoridades responsables”, enfatizó.