Durante la rueda de prensa convocada por organizaciones protectoras de animales para exigir justicia en el caso de Hope, una perrita víctima de crueldad extrema, Karla García, presidenta de la Asociación Huella Amiga A.C., denunció las fallas del sistema judicial y la impunidad que enfrentan los agresores de animales en el estado.
García explicó que los tres presuntos responsables del ataque a Hope fueron detenidos el 22 de abril, pero que desde entonces el proceso ha enfrentado múltiples obstáculos. En particular, uno de los imputados logró, mediante un plan psicológico de seis meses presentado por su abogado, obtener la suspensión del proceso, lo que la activista calificó como “una burla a la justicia”.
“Nos opusimos firmemente a que salieran libres. No hay una valoración seria ni garantías de no repetición. Quien comete este tipo de actos no es una persona normal, requiere atención psiquiátrica”, señaló García.
La presidenta de Huella Amiga lamentó que el responsable liberado solo haya pagado 2,500 pesos por la cremación de Hope y ofrecido cuatro bultos de croquetas como reparación del daño.
“No hay cantidad que repare la vida de un ser vivo. Nosotros no luchamos por croquetas, buscamos castigos ejemplares”, enfatizó.
García recordó que la legislación actual permite la suspensión del proceso cuando las penas no superan los cinco años de prisión, dejando sin consecuencias reales a los agresores. Por ello, anunció que las organizaciones han presentado una iniciativa ciudadana para duplicar las penas hasta 16 años de cárcel, incluyendo agravantes cuando el delito ocurra frente a menores, sea grabado, implique zoofilia o involucre a servidores públicos.
La activista informó que hasta el momento han recabado más de 6,000 firmas físicas y buscan alcanzar 60,000 firmas en la plataforma Change.org para respaldar la iniciativa ante la Comisión de Justicia del Congreso del Estado.
“La sociedad está cansada de la impunidad. En un solo día recibimos casi mil firmas. La gente quiere involucrarse y exigir justicia”, afirmó.
García también subrayó que los casos de maltrato animal en San Luis Potosí van en aumento, con apenas unas siete carpetas judicializadas en los últimos años, todas resueltas con reparaciones económicas.
“El sistema penal no está funcionando. Desde el caso de Miguelito en 2019 se creó una mesa de trabajo, pero seguimos sin resultados concretos”, dijo.
Finalmente, advirtió sobre la gravedad social del maltrato animal:
“El FBI ya lo clasifica como un indicador de violencia social. Quien agrede a un animal puede escalar a la violencia contra personas. Por eso es un tema de prevención y de seguridad pública.”
La presidenta de Huella Amiga invitó a la ciudadanía a sumarse firmando la iniciativa y a los medios de comunicación a continuar visibilizando la lucha por la #LeyHope, que busca garantizar justicia y dignidad para los animales en San Luis Potosí.