La impunidad en casos de violencia extrema contra la prensa en San Luis Potosí es el hallazgo más alarmante del diagnóstico «INFORMAR Y DEFENDER DERECHOS EN SLP: ENTRE SIMULACIÓN, AVANCES Y RIESGOS», presentado hoy por Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac). El estudio, que abarca la última década (2013-2023), expone cómo la política estatal de protección ha naufragado en la práctica, dejando a periodistas y defensores a merced de intereses de poder y la negligencia gubernamental.
El documento de Educiac señala directamente el caso del fotoperiodista Édgar Daniel Esqueda Castro, desaparecido forzadamente y posteriormente asesinado en 2017, como la prueba más contundente de la «simulación» institucional.
A pesar de la existencia de leyes de protección, la investigación de este crimen —que cimbró a la comunidad periodística— ha estado plagada de irregularidades y omisiones, llevando a que, a más de seis años del homicidio, no exista ni una sola persona detenida, procesada o sentenciada.
Según el diagnóstico, las autoridades investigadoras fallaron de manera crítica al no reconocer el ejercicio periodístico de Esqueda Castro como una línea de investigación central, una negligencia que es común en los ataques contra la prensa y que garantiza la impunidad.
Más allá de los crímenes sin castigo, el estudio revela la vulnerabilidad sistémica que enfrentan quienes informan en el estado.
El riesgo para periodistas y defensores no solo proviene de actores externos, sino también de la propia autoridad a través de omisiones, negligencias e incluso actos de violencia directa.
Los testimonios recogidos por Educiac son reveladores pues la precariedad laboral en los medios de comunicación y la falta de respaldo institucional ante las amenazas crean un círculo vicioso de censura y autocensura. Denunciar una agresión puede significar, para muchos, un veto laboral que agrava su situación económica, incentivando el silencio y perpetuando la impunidad.
El diagnóstico concluye con una exigencia al Estado potosino: dejar de lado la simulación legislativa y operativa para implementar una política de protección real, integral y diferenciada, que por fin ponga fin a la década de impunidad y garantice la vida y el ejercicio libre de la prensa y la defensa de derechos humanos.