Durante el cierre de año, establecimientos de entretenimiento en San Luis Potosí detectaron más de 370 identificaciones apócrifas y al menos 300 intentos de ingreso de menores de edad, informó Roberto Arturo Pinto, presidente de la Asociación de Empresarios del Entretenimiento del estado, quien alertó sobre el crecimiento de eventos clandestinos que operan fuera de la ley y ponen en riesgo a la población.
Pinto señaló que estas cifras son resultado del trabajo coordinado entre empresarios y autoridades municipales y estatales, particularmente en materia administrativa y de seguridad, lo que permitió identificar y clausurar eventos ilegales que se multiplicaron durante la temporada decembrina.
“Cuando no existe una autorización por escrito de la autoridad competente, se corre un riesgo grave, porque estos lugares atentan directamente contra la seguridad personal de quienes asisten”, afirmó.
El representante empresarial explicó que muchos de estos eventos clandestinos permiten el acceso a menores de edad y el consumo de bebidas alcohólicas, además de no cumplir con medidas básicas de protección civil, control de aforos y protocolos de seguridad.
“Mientras los empresarios formales apostamos por inversiones seguras y por cumplir con los ordenamientos en materia de seguridad, salud y prevención, este tipo de eventos ponen en riesgo la estabilidad económica de nuestros negocios”, sostuvo.
En cuanto a la detección de menores, Pinto detalló que se fortalecieron los filtros de acceso mediante el uso de la aplicación oficial Valida INE, herramienta digital del Instituto Nacional Electoral que permite comprobar en tiempo real la autenticidad de las credenciales.
“Hoy verificamos las identificaciones a través del código QR; la aplicación nos confirma si el documento es auténtico y si corresponde a la persona que lo presenta”, explicó.
Agregó que, gracias al trabajo con la Policía Cibernética del Ayuntamiento y a las denuncias recibidas, se logró ubicar y reportar eventos clandestinos para que las autoridades verificaran si contaban con los permisos necesarios.
Finalmente, Roberto Arturo Pinto precisó que los empresarios no tienen facultades para retener documentos o personas, por lo que su actuación se limita a negar el acceso cuando una identificación no es válida.
“Como particulares solo podemos impedir la entrada; nuestra responsabilidad es proteger a los asistentes y cumplir con la ley”, concluyó.