La abogada y maestra Fátima Patricia Hernández Alvizo, especialista en derechos humanos, género y políticas públicas, alertó sobre la gravedad de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en el estado y en el país, al señalar que los principales agresores se encuentran dentro del propio entorno familiar.
Al ser cuestionada sobre quiénes son los primeros agresores de las infancias en San Luis Potosí, Hernández Alvizo explicó que, como ocurre en la mayoría de los delitos relacionados con la violencia de género —donde la mayor prevalencia es contra niñas y adolescentes—, los perpetradores suelen ser personas cercanas.
“La mayoría son personas que están en su casa, por ejemplo, padres, tíos, hermanos; en algunos casos docentes, aunque no son la mayoría. La mayoría de los casos sucede por un perpetrador conocido”, afirmó.
La especialista subrayó que las cifras en México son alarmantes. “Lamentablemente, en nuestro país la estadística es altísima. Somos el primer país con maltrato infantil en términos de violencia sexual en los países de la OCDE. Eso es gravísimo”, sostuvo. Añadió que resulta preocupante la falta de indignación social frente a estos delitos: “Me cuesta mucho trabajo entender cómo no nos parece lo suficientemente grave los casos de pedofilia y pederastia que tenemos en el país y en el estado”.
En cuanto a las denuncias, Hernández Alvizo indicó que quienes más se atreven a denunciar son las madres de familia y las maestras. No obstante, advirtió sobre una tendencia a responsabilizar de manera generalizada al personal docente.
“Yo siento que hay una culpabilización últimamente al personal docente, pero el personal docente tiene aulas sobresaturadas, alumnos de más de 50 estudiantes a cargo de una sola docente”, explicó. Detalló que han brindado asesoría a profesoras interesadas en activar protocolos de protección: “Hemos tenido contacto, particularmente mi compañera Mónica, con mujeres docentes que han pedido asesoría para activar los protocolos. Así que quienes más suelen denunciar son las madres de las niñas y los niños y las maestras”.
La abogada enfatizó que el magisterio no debe ser visto como enemigo, sino como parte del círculo de protección. “No hay que pensar que las y los docentes son nuestros enemigos; al contrario, son parte del núcleo protector para las niñas y los niños”, afirmó.
Asimismo, recordó que cualquier persona puede presentar una denuncia por delitos sexuales contra menores de edad, aun cuando no sea familiar directo. “El delito de violencia sexual cometida contra infancias, abuso sexual, violación o cualquier delito relacionado con niñas, niños y adolescentes tiene carácter de oficiosidad; por lo tanto, lo podemos denunciar cualquier miembro de la ciudadanía”, puntualizó.
En caso de no poder acudir directamente a la Fiscalía, explicó que existen otras vías institucionales. “Si se nos dificulta acudir a una fiscalía, podemos hacer un reporte ante la Procuraduría de Niñas, Niños y Adolescentes. Tenemos Procuraduría estatal y municipal, y ellos se encargarán del proceso de investigación y de dar conocimiento al Ministerio Público”. En el caso del personal docente, agregó, “si tú eres maestro o maestra, tienes que dar conocimiento a tu superior jerárquico para iniciar la investigación”.
Hernández Alvizo también fue crítica respecto a las condiciones en que opera la Fiscalía especializada en delitos sexuales y contra la mujer. Aunque reconoció el compromiso de parte del personal, señaló limitaciones estructurales.
“La Fiscalía contra la Mujer hace lo que puede con los recursos que tiene. Es una fiscalía que ha estado muy golpeada por las prácticas de austeridad”, señaló. Confió en que se fortalezcan las capacidades institucionales: “Yo espero que pronto tengan mejor personal, mejores insumos. Hay profesionales del derecho muy comprometidas con la justicia social y hay algunas otras que no tanto, pero mucho tiene que ver con un proceso de austeridad que se ha recrudecido en torno a la investigación de delitos de género y feminicidios”.
Añadió que la carga de trabajo es excesiva, ya que en San Luis Potosí un mismo Ministerio Público recibe la denuncia y litiga todo el proceso. “En un solo caso puede dedicar muchísimas horas, pensando que son 20 o 30 ministerios públicos, además de que no tenemos especializadas en zonas como la Huasteca Potosina, que es uno de los lugares de mayor incidencia de violencia sexual”, expuso.
Sobre las razones por las que muchas familias aún no denuncian, consideró que no existe una sola causa, pero sí factores estructurales. “Mucho tiene que ver con el desconocimiento y la normalización de la violencia sexual. Pensamos que todo el mundo tiene derecho a tocar a los niños y a las niñas; pensamos que penetrar, aun siendo tu pareja, es algo normal, esperado, natural”, explicó.
Finalmente, apuntó que la falta de educación integral en sexualidad y el temor a la revictimización influyen de manera determinante. “Uno tiene que ver con la cultura del conocimiento del cuerpo, con la falta de educación integral en sexualidad, y otro tiene que ver con el temor a la revictimización. Eso es real. A la gente le da mucho miedo ir a las fiscalías porque no son entornos agradables para ellos y ellas”, concluyó.
La especialista reiteró que la violencia sexual contra niñas y niños “tiene que terminar ya”, y llamó a fortalecer la prevención, la denuncia y las instituciones encargadas de procurar justicia.