El alcalde capitalino señaló que la investigación del pozo clausurado recae en Conagua, mientras que el organismo operador sólo podrá fortalecer la supervisión para evitar extracción y comercialización clandestina de agua.
Como presidente de la Junta de Gobierno de Interapas, Enrique Galindo Ceballos, informó que si bien está la indicación hacia el organismo Interapas de reforzar la vigilancia en los pozos de la zona metropolitana, luego de que en Soledad de Graciano Sánchez se detectara un caso de presunta extracción y comercialización ilegal de agua en un pozo profundo, ubicado sobre la carretera a Matehuala, el cual fue clausurado por autoridades municipales tras confirmar que el supuesto propietario no acreditó la concesión federal correspondiente; el organismo no está facultado para intervenir, sino que el caso es turnado a la CONAGUA para iniciar la investigación formal al tratarse de una irregularidad en una fuente de abastecimiento regulada a nivel federal.
“A ver, eso es una investigación conjunta con Conagua y con otras instancias hay que denunciarlo y hay que trabajarlo. Yo creo que hasta que tenga completa la investigación podríamos trabajar; lo que sí le instruí Interapas es que afianzaran la vigilancia. Esto puede suceder en otras fuentes de agua y pues esto no es posible, ¿no?, yo lo equiparo a las tomas clandestinas, es robo de agua, es un delito, lo vamos a a seguir y vamos a presentar las denuncias”, explicó.
El alcalde explicó que aún no se ha determinado si hay particulares o empresas involucradas, pero reconoció que el caso deberá ser también denunciado al Ministerio Público y descartó en este caso que la detección de irregularidades en pozos no implica una afectación directa al abasto, pues argumentó que la existencia de pozos privados es un esquema permitido por la normatividad federal.
Galindo aclaró que en la zona metropolitana existen más de mil 200 concesiones privadas de pozos autorizadas por Conagua en hospitales, escuelas, hoteles y otras instalaciones, mientras que para uso público sólo están disponibles alrededor de 40, lo que genera confusiones entre pozos regulados y los casos donde sí podría configurarse huachicoleo, explicando que la situación no se trata de pozos clandestinos, sino de fuentes que no son utilizadas por quienes tienen la concesión.
“Cuando un pozo privado, por ejemplo, un hospital tiene pozo privado, hoteles tienen pozos privados, escuelas tienen pozos privados, cuando ellos permiten que entren pipas para vender agua, eso es el huachicol, para eso ya no soy yo la autoridad correspondiente para ello, ya no lo soy yo. Eso es un delito y además se lo cometen a un privado; “huachicol” es cuando en un pozo público se roban el agua para venderla y ahí sí es parte de la investigación que se está haciendo”, expuso sobre el delito.