San Luis Potosí sigue mostrando rezagos en la atención a víctimas colaterales de feminicidio, pese a la existencia de protocolos y alertas de violencia de género. Según Frida Sofía Viramontes, defensora de derechos humanos especializada en violencia de género, las instituciones responsables “siguen violando los derechos de las víctimas y revictimizando a las familias”, principalmente la Fiscalía General del Estado, el Poder Judicial y los asesores jurídicos asignados a los casos.
Viramontes explicó que, desde principios de este año, ha trabajado en un Protocolo de Primera Actuación para Familias de Víctimas de Feminicidio, destinado a orientar a los familiares desde el primer contacto con las autoridades. “Muchas de las familias no conocen sus procesos, ni siquiera saben quién es su asesor jurídico, mientras que las instituciones dicen que están haciendo todo lo posible”, señaló.
La defensora destacó la importancia de generar mesas de trabajo entre autoridades y familias, con el objetivo de evidenciar fallas y abrir un diálogo sobre cómo mejorar la atención. “Espero que con estas mesas se cree conciencia dentro de las instituciones acerca de sus debilidades y de cómo deben afrontarlas”, afirmó. El protocolo está programado para presentarse públicamente a finales de febrero del próximo año, en un acto que incluirá tanto a las familias como a las autoridades involucradas.
En cuanto a la violencia de género en el estado, Viramontes advirtió que las cifras oficiales no reflejan la realidad. “Se está diciendo que se debe retirar la alerta de violencia de género porque no están ocurriendo feminicidios, pero todas las agresiones siguen existiendo: lesiones graves, secuestros, sustracción de menores, tentativa de feminicidio…”, explicó. En su opinión, los criterios que sostienen las alertas están “mal encauzados, porque se basan en estadísticas que minimizan los derechos de las víctimas y no toman en cuenta la violencia general que sufren las mujeres”.
Finalmente, la defensora criticó las actividades institucionales del 25 de noviembre. “Solo están enfocadas en la imagen institucional, en poner un moño naranja o una actividad simbólica. No van dirigidas a las víctimas ni a lo que viven las mujeres todos los días”, indicó, y subrayó la necesidad de que la sociedad y las autoridades reconozcan las diferentes formas de violencia que persisten más allá de los feminicidios consumados.