La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, reconoció que la Fiscalía Especializada en Tortura “empezó prácticamente vacía”, sin presupuesto asignado y sin personal ministerial, pero aseguró que hoy opera con peritos, médicos y criminalistas, además de un inmueble propio. “Era una unidad perdida dentro de Derechos Humanos. Hoy por lo menos tiene rostro, equipo y obligaciones”, afirmó.
García Cázares explicó que esta fiscalía está obligada a atraer todas las carpetas relacionadas con tortura desde diciembre de 2017, sin importar en qué delegación se iniciaron. En sus palabras, esto ha significado “ordenar años de rezago y malas prácticas”. Señaló que el área ya logró llevar casos ante los jueces: “Tenemos carpetas que ya fueron judicializadas y otras en proceso; no estamos dejando los expedientes dormir”.
Uno de los avances que destacó fue la formación del personal especializado: “Nuestro equipo terminó una capacitación con el INACIPE y está en proceso de certificación. Eso nos permite aplicar el Protocolo de Estambul como debe ser, no como una formalidad”, sostuvo.
Al abordar la magnitud del fenómeno, la fiscal lanzó una declaración que llamó la atención:
“La tortura no debería existir en el estado ni en el país entero… pero existen denuncias, y estamos obligados a investigarlas”.
Aseguró que la labor institucional no se limita a sancionar, sino también a prevenir: “El daño psicológico, físico o interno que deja la tortura es algo que nos corresponde documentar y perseguir con rigor. No podemos permitir que se normalice”.
García Cázares insistió en que la Fiscalía Especializada, aunque “joven”, ya funciona como un área técnica: “Tuvimos que rentar un inmueble, formar equipos y, literalmente, construir la fiscalía desde cero. Pero hoy opera, atrae casos y trabaja”.
Mientras tanto, organizaciones civiles mantienen dudas sobre la capacidad real del estado para investigar la tortura. La fiscal asegura que ya hay resultados, aunque los pendientes siguen acumulándose.