Al cierre de noviembre de 2025, el estado registró una población total de 4,531 personas privadas de la libertad.
El peso de los procesos sin sentencia
Uno de los datos más reveladores del informe es la situación jurídica de la población. Del total de internos en el estado, 3,451 personas pertenecen al fuero común bajo la figura de procesados, lo que implica que una gran mayoría de la población carcelaria aún se encuentra a la espera de una sentencia definitiva.
En contraste, solo 830 personas en este mismo fuero han recibido una sentencia, una cifra significativamente menor que evidencia la lentitud en la resolución de los casos judiciales.
Infraestructura al límite: La sobrepoblación
El sistema penitenciario potosino opera bajo una presión constante debido a la falta de espacios. Con una capacidad instalada para atender a una población determinada, el estado reporta una sobrepoblación absoluta de 1,301 personas. Esta saturación coloca a los centros de reinserción locales en una posición vulnerable para garantizar los programas de reinserción y el orden interno.
Dinámica mensual: Más ingresos que egresos
Durante el mes de noviembre, la tendencia de crecimiento poblacional continuó al alza.
Se registraron un total de 662 ingresos (602 hombres y 60 mujeres), mientras que solo 458 personas (423 hombres y 35 mujeres) egresaron de los centros estatales. Este saldo neto positivo de 204 personas en un solo mes acentúa el déficit de espacios y la carga operativa para el personal administrativo y de custodia.
Escolaridad y perfil socioeducativo
Aunque el informe detalla el nivel educativo a nivel nacional, la tendencia se refleja en las entidades federativas: la mayoría de la población privada de la libertad cuenta únicamente con educación básica (primaria y secundaria).
Este dato es fundamental para entender los retos de la reinserción social, ya que el bajo nivel académico suele estar vinculado a la falta de oportunidades económicas antes del ingreso al sistema penitenciario.
En resumen, los centros de reinserción en San Luis Potosí no solo lidian con la custodia de personas, sino con un rezago judicial que mantiene a miles en la incertidumbre jurídica y una infraestructura sobrepasada que dificulta la verdadera misión de la reinserción social.