La FGE confirmó que los autos robados provienen tanto de SLP como de otras entidades federativas; aseguran que la mayoría de los compradores desconocían que las unidades tenían reporte de robo.
La fiscal general del Estado, Manuela García Cázares, reconoció que, pese a las denuncias sobre la comercialización de vehículos robados en San Luis Potosí, en gran parte de los casos denunciados no han logrado ubicar a los responsables directos de la venta de las unidades; señaló que en ese sentido, el año pasado lograron identificar a una banda delictiva local relacionada con este tipo de hechos.
Luego de ser cuestionada sobre reportes difundidos en redes sociales, en los que se advierte la venta de automóviles robados en el estado, algunos incluso localizados en otras entidades como Querétaro; la fiscal señaló que las investigaciones continúan, aunque reconoció que los casos no siempre derivan en la identificación de estructuras criminales dedicadas a esta actividad.
Y detalló que los vehículos recuperados provienen tanto de San Luis Potosí como de otras entidades federativas, así mismo que en varios de los casos las personas que realizaron la compra desconocían que las unidades contaban con reporte de robo.
“Nosotros la policía tanto preventiva como de Guardia Civil, como municipal nos ha puesto a disposición a personas con vehículos robados, se investiga el origen, aunque la mayoría son adquiridos de buena fe, de diferentes, son robados de San Luis Potosí, así como de otras entidades federativas.
Se han detenido por parte de fiscalía varias personas, sobre todo en el año pasado, una banda importante y eso nos ha disminuido el robo de vehículos… operaba en San Luis, sin embargo, los vehículos eran trasladados a otras entidades de la República”, explicó.
Subrayó sobre el grupo delictivo que se trata de un caso aislado y no de una constante detectada en las investigaciones recientes, e insistió en la necesidad de que la ciudadanía verifique el origen legal de los vehículos antes de adquirirlos, al advertir que la compra de unidades robadas, aun cuando se realice de “buena fe”, pueden derivar en consecuencias legales para los compradores.