Gabriela López señaló que las resoluciones corresponden al primer semestre de 2026 y dijo que también existen servidores públicos inhabilitados para desempeñarse en el servicio público.
La Contraloría Interna del Ayuntamiento de San Luis Potosí contabilizó 420 sanciones firmes contra servidores públicos al cierre del primer semestre de 2026, informó la titular, Gabriela López, quien señaló que el número representa la resolución de asuntos que se encontraban pendientes y de procedimientos iniciados durante la actual administración.
La funcionaria explicó que, previo a la llegada de la actual administración municipal, la última sanción registrada en el libro de la Contraloría correspondía a enero de 2018.
“Hasta antes de la llegada de esta administración, en el libro de sanciones de la Contraloría, la última sanción que se había impuesto era en enero de 2018. Nosotros llegamos a retomar muchos asuntos que venían y llegamos a aplicar como es la Ley de Responsabilidades, al corte del primer semestre de este 2026, tenemos 420 sanciones firmes.”
López explicó que las sanciones contemplan distintas modalidades, entre ellas amonestaciones privadas y públicas, así como inhabilitaciones por determinados periodos.
Detalló que existe un listado específico de servidores públicos que, como resultado de los procedimientos administrativos, fueron impedidos temporalmente para desempeñarse en el servicio público.
“La ley nos faculta a nosotros por el lapso de un año, en un año no pueden trabajar, no pueden contratar, o sea, no pueden recibir dinero público.”
La contralora señaló que aún no cuentan con el desglose de cuántos servidores públicos han sido dados de baja definitiva o inhabilitados con corte a junio y respecto a la atención de denuncias, explicó que la Contraloría Social recibe quejas ciudadanas mediante distintos mecanismos, incluidos buzones instalados en inmuebles municipales.
Así mismo que cuando se advierten elementos que pudieran constituir una responsabilidad administrativa, los casos son turnados a la Unidad Investigadora.
Posteriormente, si existen elementos suficientes, se inicia el procedimiento correspondiente ante la Unidad Sustanciadora y la propia Contraloría determina lo conducente.
Al ser cuestionada, López señaló que no podría identificar un área municipal como la que concentra el mayor número de quejas, debido a que hacerlo implicaría direccionar la información antes de que concluyan las investigaciones.